Última generación

El 2 de octubre entrará en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Ley que, en su artículo 129, recoge los principios de buena regulación, a saber: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Principios que, dicho sea, no son nuevos, pues ya venían enunciados, en su mayoría, en el artículo 4 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

Nadie discute que el enunciado de la Ley 2/2011 no ha servido para nada, basta hojear los Boletines Oficiales de los últimos años, pero hay quien cree o, mejor dicho, desea, que la Ley 39/2015 da un paso adelante en la medida en que ésta recoge los mecanismos para poner en marcha los mismos (la justificación de su cumplimiento en la exposición de motivos de las normas). 

Debo reconocer que siempre he sido bastante escéptico con tales enunciados, es más, según los leía iba rememorando los reglamentos y disposiciones generales que aquejaban de todos y cada uno de ellos. Ahora bien, de un tiempo a esta parte, y por motivos que no vienen al caso, estaba en el convencimiento de que, realmente, se estaba en disposición de cambiar la forma de fraguar reglamentos y disposiciones generales. 

Ya os avanzó que he dejado atrás mi escepticismo, ahora, visto desde (más) cerca, estoy en el pleno convencimiento de que tales principios NO los vamos a ver en nuestras futuras normas. Hace falta un cambio de mentalidad política y de formas de hacer administrativas que ni los mandatos legales ni las sentencias judiciales están en disposición de lograr.

Pero tranquilos, Santamaría Pastor cree que sólo habrá de transcurrir el tiempo histórico de una generación para que las prácticas aberrantes de normación impulsiva e impremeditada puedan empezar a rectificarse.