viernes, 10 de julio de 2015

No se puede ejecutar la sanción de suspensión de funciones cuando el afectado se encuentra en situación de IT

Nunca he llevado un asunto en el que se ventile la responsabilidad disciplinaria de un miembro de la carrera judicial, pero leo un montón de sentencias sobre la materia. Por si a alguien le pica la curiosidad del porqué de la lectura, decir que se debe a que es una materia en la que comienzan a asentarse cambios jurisprudenciales que acaban trasladándose al resto de funcionarios públicos. Así paso con la caducidad de los expedientes disciplinarios, inicialmente negada y que, por fortuna, se aceptó de manera unánime a consecuencia de varias Sentencias del Tribunal Supremo referidas a sanciones a miembros de la carrera judicial. 

Pues bien, en una de esas lecturas me he encontrado con la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2015, recurso contencioso-administrativo nº 871/2014, que me ha parecido interesante por no habérseme dado nunca una situación parecida. 

El supuesto de hecho es sencillo, el sancionado en vía administrativa ve como se ejecuta su sanción de suspensión de funciones a pesar de encontrarse en situación de incapacidad temporal y, no estando conforme con tal actuar, lo recurre ante el Tribunal Supremo.

El Supremo, en su Fundamento de Derecho Quinto, resuelve la cuestión en los siguientes términos: 
C) La tercera, que parece que el puro sentido común, sin mayores disquisiciones jurídicas, conduciría a la conclusión de que no puede suspenderse de funciones por vía de sanción a quien ya las tiene suspendidas por vía de enfermedad, (salvo que quiera admitirse una doble y simultánea suspensión de funciones, una de las cuales sería sin duda ficticia). Ya veremos cómo esta primera impresión es, además, la que imponen las normas aplicables.
{...}  
Sostiene el acuerdo recurrido que "no existe razón legal alguna que avale que la licencia de incapacidad temporal impida el pase del funcionario a la situación de suspensión" , pero se omite que el  art. 19.4   del Real Decreto Legislativo 3/2000 de 23 de Junio , ya citado, dispone que "la duración y extinción de la situación de incapacidad temporal serán las mismas que las del Régimen general de la Seguridad Social" , y en el  Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social (cuyos arts. 131 y 131 bis regulan el nacimiento, duración y extinción del subsidio correspondiente a la incapacidad temporal) no se encuentra la sanción disciplinaria de suspensión de funciones como causa que extinga la licencia de incapacidad temporal, pues únicamente se citan como tales el transcurso del plazo máximo de quinientos cuarenta y cinco días naturales desde la baja médica, el alta médica por curación o mejoría que permita al trabajador realizar su trabajo habitual, el ser dado de alta el trabajador con o sin declaración de incapacidad permanente, el reconocimiento de la pensión de jubilación, la incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos correspondientes o el fallecimiento.
El problema, no es, por tanto, como se afirma, que "una vez iniciado el cumplimiento de la sanción de suspensión no pueda el CGPJ realizar pronunciamiento alguno sobre los derechos que puedan corresponder fruto de la baja por incapacidad", pues esos derechos vienen establecidos por ley, resultando contradictorio ese razonamiento con el hecho de que es precisamente el CGPJ el que decide ejecutar la sanción, dejando sin efecto esos derechos. 
En realidad, lo que sucede es que, encontrándose el recurrente bajo una licencia por incapacidad temporal, que integra un acto declarativo de derechos, el CGPJ no puede dejarla sin efecto sin una previa habilitación legal de la que carece pues, evidentemente, conforme al  art. 9.1   del Real Decreto Legislativo 3/2000, los Jueces y Magistrados en situación de suspensión de funciones están incorporados como mutualistas a la Mutualidad General Judicial; el Magistrado bajo licencia de incapacidad temporal permanece en situación de servicio activo, mientras que el suspenso de funciones por la comisión de una infracción disciplinaria está en una situación administrativa diferente, (la de suspenso, ex art. 348 d) LOPJ ) situaciones que conllevan derechos económicos de alcance muy diferente, lo que exige que, encontrándose el Magistrado recurrente bajo la cobertura de la licencia por incapacidad temporal no pueda el CGPJ dejarla sin efecto, so pretexto de proceder a la ejecución de una sanción disciplinaria, revocando así un acto declarativo de derechos sin seguir el procedimiento legalmente establecido y sin cobertura legal que le habilite para ello.



Sentencia que, a la vista de su razonamiento, sería perfectamente trasladable a otros funcionarios que se vean en el mismo brete, ya que el óbice a la ejecución de la sanción es que la LGSS no prevé que la sanción disciplinaria sea causa de extinción de la licencia de enfermedad. Se me ocurren, además, unos cuantos supuestos en los que se podría aplicar analógicamente la ratio decidendi de la Sentencia, pero me los reservo para otra ocasión. 



lunes, 8 de junio de 2015

Sentencia tres por uno

Hace poco publiqué una entrada sobre una Sentencia del TSJPV en la que se afrontaba una cuestión de competencia, otra de cuantía y, por último, otra de nulidad. Un Sentencia tres por uno. Y como parece que seguimos de rebajas en el orden contencioso-administrativo hoy toca otra de estas Sentencias, esta vez del Tribunal Supremo, que afronta: i) el momento hasta que cabe admitir el desistimiento del recurrente; ii) la imposibilidad de interposición de recurso en vía administrativa contra la disposiciones de caracter general; y iii) el alcance de las facultades que confieren al Tribunal de Instancia las previsiones contenidas en los artículos 33.2 y 65.2 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

La Sentencia es la dictada el 21 de abril de 2015 por la Sección 5ª de la Sala 3ª Tribunal Supremo en el recurso de casación nº 94/2013, Ponente Ilmo. Sr. Don Mariano de Oro-Pulido López.  

La misma, en cuanto al momento hasta que cabe admitir el desistimiento del recurrente, nos recuerda lo acordado en el Pleno no jurisdiccional de la Sala Tercera de 11.2.2015 -y que fue tratado en el blog Contencioso- en los siguientes términos:
CUARTO.- Antes de proceder al examen del citado recurso de casación, conviene señalar que la representación procesal del Ayuntamiento de Gerona por escrito de 10 de abril de 2015 solicitó se le tuviera por desistido.
Sucede que dicha petición ha tenido lugar después de la fecha señalada para la práctica de los actos de deliberación, votación y fallo.
Así las cosas, obligado resulta estar a lo acordado por el Pleno no jurisdiccional de esta Sala, de fecha 11 de febrero de 2015, en relación con la cuestión relativa hasta que momento cabe admitir el desistimiento, que fue como sigue:
<<Interpretando el  artículo 74.1 de la  Ley 29/1998, de 13 de julio, que "la sentencia" de la que habla ese precepto no es el documento en que se exterioriza la decisión que pone fin al procedimiento, sino, más bien, el fallo adoptado por el Tribunal. Entendió, pues, que ese articulo 74.1 debe leerse en el sentido de que "el recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior al fallo".
Alcanzada esa interpretación, entendió también, por la exigencia o necesidad de certeza que impone el principio de seguridad jurídica, que el "momento" de que habla el precepto es cualquiera que sea anterior a la hora y día que se hubiera señalado para los actos de deliberación, votación y fallo. El inicio de esa hora es. así, el momento final o último en que el recurrente puede desistir del recurso.
No obstante, ahora por tazones de coherencia, la facultad de desistir renace, y así ha de entenderse, siempre que el Tribunal, después de aquel señalamiento, notifique cualquier resolución que implique que aún no ha adoptado su fallo, como son, entre las más significativas, las que comportan retrotraer el procedimiento a un estadio procesal anterior al de aquellos actos, o las que abren trámites que han de preceder a una decisión distinta del fallo.>>
No procede, pues, acceder a la petición de desistimiento interesada.
En cuanto a la imposibilidad de interposición de recurso en vía administrativa contra la disposiciones de caracter general el Supremo es taxativo: 
La razón, pues, por la que la Sala de instancia anula la resolución recurrida no es otra que la de haber anulado la Comunidad Autónoma por vía de recurso administrativo el acuerdo del Ayuntamiento de Gerona por el que se aprobó el texto refundido de la Revisión del Plan General de Ordenación de Gerona. Y tal razón, se corresponde con reiterada jurisprudencia de esta Sala, de la que es una muestra la de 19 de octubre de 2011 (recurso 5795/2007). Esta sentencia dice:
"siendo las actuaciones administrativas impugnadas disposiciones de carácter general, debe recordarse el mandato previsto en el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPA ), según el cual " contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa " y así lo ha declarado esta Sala en una jurisprudencia consolidada, de la que son ejemplo las SSTS de 19 de marzo de 2008, RC 3187 / 2006 en la que , remitiéndonos a la de 19 de diciembre de 2007, RC 4508/2005 , dijimos que "Los planes de urbanismo son disposiciones de carácter general, y así lo tiene reconocido una constante jurisprudencia del Tribunal Supremo. Lo que en este recurso impugna la parte actora es un acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Girona que da conformidad al Texto Refundido de ciertas modificaciones del Plan General en el Plan Interprovincial PICC de Bolvir.
Se impugna, pues, una disposición de carácter general.
El artículo 107.3 de la Ley 30/92 establece que "contra las disposiciones de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa".
Este es un precepto estatal básico que no puede ser contradicho por la legislación autonómica, ni siquiera en aquellas materias que, como el urbanismo, son de la exclusiva competencia de ésta, pues en ellas la Comunidad Autónoma puede normar aspectos procedimentales y de régimen jurídico, pero sin infringir las normas básicas del Estado.
El precepto de que se trata no es sólo básico en virtud de lo dispuesto en el artículo 149-1-18ª de la  Constitución Española, sino también de lo establecido en su artículo 149-1-8ª, que atribuye competencia al Estado para fijar "las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas", aspectos estos que están implicados cuando se ordena una vía de recursos administrativos contra ciertas disposiciones de carácter general (v.g. los planes de urbanismo), con la posibilidad de que se pida y se conceda la suspensión de su eficacia ( artículo 111 de la Ley 30/92 )".
En la más reciente STS de 11 de mayo de 2011, RC 1789/2007 , añadimos que " esta Sala del Tribunal Supremo, ha declarado, entre otras, en sus Sentencias de fechas 19 de diciembre de 2007 (recurso de casación 4508/2005 ), 19 de marzo de 2008 (recurso de casación 3187/2006 ), 11 de diciembre de 2009 (recurso de casación 5100/2005 ), 30 de septiembre de 2009 (recurso de casación 3920/2005 ), 28 de mayo de 2010 (recurso de casación 3600/2006), 21 de julio de 2010 (recurso de casación 1793/2006 ), 22 de septiembre de 2010 (recurso de casación 4450/2009 ) y 10 de noviembre de 2010 (recurso de casación 5095/2006 ), a propósito de los preceptos legales que, en distintas Comunidades Autónomas, contemplan recursos administrativos frente a los planes urbanísticos, que tales reglas contradicen lo establecido en la norma básica contenida en el apartado 3 del artículo 107 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , según la cual «contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa».
Tales recursos administrativos frente a las disposiciones de carácter general, en este caso Planes de Ordenación Urbana, implicarían que, de estimarse dicho recurso administrativo, se alteraría o modificaría el Plan de Ordenación en cuestión sin respetarse los requisitos procedimentales establecidos para su aprobación, cual son, entre otros, la información pública y determinados informes, de manera que es la lógica del sistema de aprobación de las disposiciones administrativas de carácter general la determinante de que frente a ellas no quepan recursos en vía administrativa".
En cuanto al alcance de las facultades que confieren al Tribunal de Instancia las previsiones contenidas en los artículos 33.2 y 65.2 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa la Sentencia dispone:  
Con todo, no es ocioso recordar que sobre el alcance de las facultades que confieren al Tribunal de instancia las previsiones contenidas en los artículos 33.2 y 65.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción esta Sala, en sentencia de 29 de noviembre de 2012 , tuvo ocasión de precisar que:
<< Los artículos 33.2 y 65.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción confieren un margen al Tribunal de instancia para fundar su decisión, aunque para sustentarla en motivos no alegados en el debate debe someter previamente la cuestión a la consideración para así salvaguardar los principios de contradicción y congruencia. Pues bien, en el caso examinado consta en las actuaciones que la Sala de instancia, por providencia de 17 de diciembre de 2008 , dispuso oír a las partes sobre la incidencia que pudiera tener la falta de evaluación de impacto ambiental.Para los supuestos de impugnaciones directas de disposiciones generales el artículo 33.3 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción prevé expresamente el planteamiento de la tesis cuando "...impugnados directamente determinados preceptos de una disposición general, el Tribunal entendiera necesario extender el enjuiciamiento a otros de la misma disposición por razones de conexión o consecuencia con los preceptos recurridos", lo que habilita tanto para ampliar el conocimiento a los nuevos motivos como para ensanchar la pretensión a los preceptos así relacionados con la norma impugnada. Por tanto, cuando el objeto del recurso viene constituido por una disposición general, y la Sala decide plantear la tesis por esos cauces, puede extender el pronunciamiento anulatorio a otros preceptos de la norma -inicialmente no impugnados- o incluso a su totalidad.
Así, aunque los artículos 33.2 y 65.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción únicamente se refieren a la introducción de oficio de nuevos motivos del recurso o de la oposición que sean relevantes para el fallo, sin aludir a las pretensiones formuladas, la previsión del artículo 33.3, referida específicamente a los supuestos de impugnación de disposiciones generales, permite extravasar no sólo los motivos de impugnación sino también la pretensión contenida en la demanda.
Por otra parte, si el motivo de nulidad planteado por la Sala y apreciado en la sentencia afecta a la totalidad de la norma supondría una seria incoherencia limitar el alcance del pronunciamiento anulatorio a los concretos preceptos impugnados, dejando subsistentes otros, o la totalidad de la norma, que lógicamente son también nulos. Debe considerarse por ello que cuando se aprecia un vicio en el procedimiento de elaboración de la disposición se impone como consecuencia necesaria la anulación de la totalidad de la norma aprobada. Esta conclusión, por lo demás, es la más respetuosa con el principio constitucional de seguridad jurídica que exige eliminar del ordenamiento jurídico las disposiciones reglamentarias que adolecen de vicios de invalidez>>.

Una Sentencia, en definitiva, que nos permite ver la aplicación práctica del Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 11.2.2105 y que nos recuerda una reiterada doctrina sobre la imposibilidad de impugnar en via administrativa las disposiciones generales -a pesar de lo que pueda decir el legislador autonómico- y el marco en el que debe ejercitarse la labor de control de los Tribunales respecto al ejercicio de la potestad reglamentaria.

domingo, 7 de junio de 2015

¿Se puede hacer una votación secreta para la investidura del Alcalde?

Por Ángel Zurita


Dicen que la doctrina mayoritaria se inclina por sostener que la investidura del Alcalde se debe realizar mediante una votación secreta en la sesión constitutiva de las nuevas corporaciones electas. ¡A cualquier cosa le llaman doctrina!  Es de suponer que ese criterio se funda en que es válido, está vigente, que es aplicable, y que se refiere a este supuesto el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986 (ROF) en virtud del cual se podrá hacer una votación secreta para la elección y ceses de personas.

Entre otras muchas consideraciones que se podrían hacer, es necesario aclarar desde ahora que este precepto reglamentario, suponiendo que esté vigente, es completamente excepcional, y que tampoco es obligatorio (no podrá sostener entonces esa doctrina que se debe hacer secreta). No es de aplicación en modo alguno a la investidura del Alcalde, sino a otras elecciones y ceses de personas. Y como mera posibilidad, nunca como obligación, sino como una posibilidad.

Efectivamente el artículo 102 del ROF dispone:
1. El sistema normal de votación será la votación ordinaria. 
2. La votación nominal requerirá la solicitud de un grupo municipal aprobada por el Pleno por una mayoría simple en votación ordinaria. 
3. La votación secreta sólo podrá utilizarse para elección o destitución de personas.

Por ello, el sistema normal de votación en el Pleno es la votación ordinaria, pública, transparente, a mano alzada, que es la aconsejable claramente.

Si lo pide algún grupo municipal se puede hacer una votación nominal, enumerando uno por uno a los concejales, para que voten afirmativamente, negativamente o se abstengan, aunque no parece que pueda hacerse en un momento tan temprano como es en la sesión constitutiva, al no estar constituidos todavía los grupos municipales, pero en cualquier caso también en este supuesto sería público el voto de los concejales.

Por lo tanto, solo excepcionalmente se podrá hacer una votación secreta para la elección y ceses de personas. ¿A que se refiere este precepto reglamentario? A otros nombramientos y ceses de personas en el Pleno, como cargos públicos, representantes municipales en otros organismos o nombramientos de otras personas, obviamente distintas del Alcalde, en los que, exagerando y forzando mucho las cosas, la verdad sea dicha, se pudiera presumir que podrían afectar al derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, supuestos en los que también esta previsto que la sesión, el debate o la votación no sean públicos.

Este supuesto hay que relacionarlo con el artículo 88 del mismo ROF, que regula la publicidad de las sesiones plenarias:
1. Serán públicas las sesiones del Pleno. No obstante, podrá ser secreto el debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. 
2. Para ampliar la difusión auditiva o visual del desarrollo de las sesiones podrán instalarse sistemas megafónicos o circuitos cerrados de televisión. 
3. El público asistente a las sesiones no podrá intervenir en éstas, ni tampoco podrán permitirse manifestaciones de agrado o desagrado, pudiendo el Presidente proceder, en casos extremos, a la expulsión del asistente que por cualquier causa impida el normal desarrollo de la sesión. Sin perjuicio de ello, una vez levantada la sesión, la Corporación puede establecer un turno de consultas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal. 
Es decir, que las sesiones son públicas, pero podrán ser secretas las sesiones, los debates o las votaciones cuando pudieran afectar al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de alguna persona, y siempre que así se apruebe por más de la mitad de los miembros del Pleno. 

Estos tres derechos podrán verse afectados, por tanto, de manera independiente, pero también, con frecuencia, de forma conjunta, dada su evidente proximidad. Estos derechos tienen su más inmediato límite en el ejercicio de las libertades de expresión de los concejales en el Pleno y en el derecho a la información de los vecinos, lo que llevará a que el ejercicio en la ponderación de bienes entre los derechos del artículo 18 y 20 de la Carta Magna constituyan un ejercicio habitual por parte de los operadores del derecho.

El desarrollo de la protección de estos derechos lo efectúa, principalmente, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, en la que se intentan deslindar los supuestos de intromisión ilegítima, de aquellos que no puedan reputarse como tales, por mediar consentimiento o por recoger imágenes públicas. Es claro, que no existe ninguna razón, ni de ésta, ni de ninguna otra naturaleza, para votar la investidura del Alcalde en secreto, sino exactamente al contrario, por lo que debe hacerse una votación ordinaria, necesariamente. Además, carece de todo sentido impedir conocer el voto de los concejales en un acto público y solemne como el que nos ocupa.

Por otra parte, es importante recordar que la autonomía municipal, de la que tanto se habla, se manifiesta, entre otras potestades, en la de autoorganización, en la necesidad de regular el funcionamiento del Pleno en un Reglamento Orgánico, que es el Reglamento del Pleno (no así el ROF).

Dicho sea dialécticamente, si una Corporación Local estimara conveniente hacer secreta la votación de investidura del Alcalde (aunque no lo aconsejamos), es claro que podría hacerlo incluyéndolo en el Reglamento Orgánico, dado que solo tiene como límite lo dispuesto por las leyes. Una de las primeras normas que deberán aprobar las nuevas Corporaciones Locales, una vez constituidas, será el reglamento orgánico, si no lo tienen vigente. En caso contrario, deberán adaptarlo a sus criterios, a sus deseos. Lo importante es que cada entidad local tenga la estructura que estime oportuna, y se materialice a través de su potestad organizatoria en un reglamento orgánico, y no al revés. No consiste en que las cosas se tengan que hacer porque lo diga el reglamento. Se trata de regular la organización y el funcionamiento de cada entidad local, fundamentalmente del Pleno, como máximo órgano de gobierno de la entidad local y establecerse normas fundamentales para su funcionamiento, como por ejemplo, las formas de votar los asuntos sometidos a la aprobación del Pleno.

miércoles, 27 de mayo de 2015

Imparcial hasta la notificación de la sentencia

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de dieciocho de mayo de dos mil quince, recaída en el recurso de casación nº 850/2013, resuelve el recurso deducido por el Ayuntamiento de Almería frente a la Sentencia, de 19 de noviembre de 2012, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Andalucía,  con sede en Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 1872/2007.

En el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Almería se denuncia la infracción de los artículos 218 y 219 de la LOPJ (vulneración del derecho a un juez imparcial) en cuanto el Magistrado Ponente de la Sentencia dictada en instancia debió abstenerse de conocer el recurso al haber dictado sentencia cuando era titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Almería en asunto sustancialmente idéntico, en el que fueron partes la mercantil "J. Guiard, S.A." y el propio Ayuntamiento de Almería. 

Para que los que leáis este post podáis aventurar la respuesta que da el TS a la infracción denunciada por el Ayuntamiento de Almería procede dar cuatro datos importantes, a saber:  i) el Magistrado Ponente de la Sentencia que se recurre en casación fue, a su vez, el que dictó la Sentencia sobre asunto sustancialmente idéntico cuando estaba al frente del JCA nº 2 de Almería; ii) que tanto en el asunto que resolvió la Sala como en el que resolvió el JCA nº 2 de Almería eran partes el Ayuntamiento de Almería y la mercantil "J. Guiard, S.A."; iii) que el Ayuntamiento de Almería no recusó al Magistrado Ponente de la Sentencia recurrida en casación en el plazo de 10 días desde la notificación de la primera resolución por la que conoció la identidad del magistrado a recusar; iv) que la sentencia que el Magistrado recusado dictó cuando era titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Almería era favorable a los intereses del Ayuntamiento. 

El TS, a través del Fundamento de Derecho Tercero de su Sentencia, da respuesta a la infracción denunciada en los siguientes términos: 

El derecho a un juez imparcial, en cuanto integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, y que trata de salvaguardarse a través de las causas de recusación y abstención subjetivas y objetivas previstas para los jueces en la Ley Orgánica del Poder Judicial, exigía por parte del Ayuntamiento formular causa de recusación en el plazo establecido en el artículo 223.1.1º de la Ley orgánica del Poder Judicial y no esperar al resultado negativo que para sus intereses supuso la sentencia de instancia.
Siendo el Magistrado Ponente de la sentencia recurrida el mismo Magistrado Juez que, como titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Almería, dictó sentencia el 24 de noviembre de 2008, en el recurso contencioso-administrativo nº 322/07, deducido por "J. Guiard, S.A." contra la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Almería, de 17 de mayo de 2007, que desestimó la solicitud formulada por aquella mercantil de inicio del expediente de expropiación forzosa por ministerio de la Ley de los mismos bienes que ahora en los autos que nos ocupan aparecen como litigiosos, y siendo el planteamiento de la litis en aquel recurso tramitado en el Juzgado igual al que ahora nos ocupa, a saber, el cumplimiento de los requisitos que viabilizan la expropiación por ministerio de la Ley, al tener el Ayuntamiento conocimiento de la identidad del Magistrado Ponente, concretamente cuando se le notifica la providencia de 31 de octubre de 2012, de señalamiento para votación y fallo y designación de ponente, debió presentar escrito de recusación y no aducirla ahora ante un quizá imprevisto resultado del recurso, imprevisión posiblemente derivada de que en la sentencia dictada por el Juzgado se desestimó el recurso contencioso-administrativo por no apreciarse los requisitos para el inicio de expediente expropiatorio por el ministerio de la Ley, a diferencia de la ahora recurrida que sí estima el recurso por apreciación de la concurrencia de aquellos.

El inciso final es sin duda el más didáctico. Con sencillez nos recuerda que los plazos están para cumplirlos, que la buena fe procesal es necesaria y debida y, por último, que los jueces pueden cambiar el signo de sus fallos a medida que van examinando distintos recursos que versen sobre la misma materia. Así que no nos quedemos sin misa y carne por recusar tarde. 

jueves, 14 de mayo de 2015

El artículo 32.5 LEC en la jurisdicción contenciosa-administrativa

Tras el Auto del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de Junio de 2012 (rec.4005/2008), algunas Administraciones Públicas han agudizado el ingenio y plantean, siempre y cuando su domicilio está en lugar distinto a aquel en que se hubiera tramitado el juicio, la aplicación del artículo 32.5 LEC a los efectos de incluir en la tasación de costas los honorarios del Procurador. 

Pues bien, el Tribunal Supremo, en su Auto de veintiseis de junio de dos mil trece, se enfrenta a tal cuestión, que es planteada por el Ayuntamiento de Alcorcón en los siguientes términos: 

El Ayuntamiento de Alcorcón alega en su recurso de revisión que, al no ser preceptiva la intervención de Procurador en este recurso de casación, sería de plena aplicación lo dispuesto en el  artículo 32.5  LEC, que permite la inclusión de los honorarios de Procurador cuando el domicilio de la parte representada estuviera en lugar distinto a aquel en que se hubiera tramitado el juicio, supuesto que concurre en el presente caso, en el que la parte que interpone el recurso de revisión tiene su domicilio en la Plaza de España de Alcorcón y, por tanto, en lugar distinto de donde se tramitó el juicio. Añade el escrito de recurso de revisión que el Decreto de la Secretaria de Sala podría haber vulnerado el artículo 24 CE, por no haber resuelto dicha cuestión planteada oportunamente, generando indefensión.
El Auto desestima la aplicación del artículo 32.5 LEC al supuesto de autos sobre la base del siguiente razonamiento:

CUARTO
Este supuesto previsto por el  artículo 551.3   LOPJ , que permite a los Ayuntamientos la designación de un Abogado colegiado que les defienda y también les represente, es un supuesto distinto al contemplado por el  artículo 32.5 LEC, citado por el Ayuntamiento de Alcorcón, que se refiere a los supuestos de intervención no preceptiva de Abogado y Procurador.
El  Auto de esta Sala, de 17 de septiembre de 2012  (recurso 1577/06), rechazó la aplicación del  artículo 32  LEC en un supuesto similar: "...pues de una parte, los dos autos más atrás citados de esta Sala del Tribunal Supremo declaran sin excepción alguna que cuando interviene en el procedimiento la Administración Pública, Comunidades Autónomas no se pueden incluir en la tasación de costas los honorarios de los Procuradores, de acuerdo con la normas que se expresan en los citados autos y que más atrás se han expuesto, y de otra, porque el  artículo 32 de la LEC como la propia parte se refiere regula el supuesto en que la intervención del Procurador no sea preceptiva, pero ese no es en ningún caso el supuesto de autos pues en el recurso de casación es preceptiva la intervención de Abogado y Procurador y lo que acontece es que la Administración Pública tiene su representante expresamente dispuestos en las normas y con ellos han de intervenir, y si solicita la intervención de un representante distinto al expresamente señalado por la norma tendrán que abonar los honorarios de ese tercero y tales honorarios no se pueden incluir en la tasación de costas."
Por las razones anteriores, procede la desestimación de su recurso de revisión.
Una cuestión más a tener en cuenta por si la Administración quiere salvar el famoso Auto del Pleno y que, además, guarda cierta conexión con lo comentado en este otro post sobre la (im)posibilidad de los letrados de las administraciones de incluir en la tasación de costas la partida de representación.

lunes, 11 de mayo de 2015

Competencia, cuantía y nulidad

Hoy toca un Sentencia que, aunque breve, trata tres cuestiones de interés. 

La Sentencia, que tenéis disponible aquí, es la dictada el 15.1.2015 por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV, Ponente Ilma. Sra. Doña Marta Rosa López Velasco. Veámosla.

1) Nos recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el carácter de la Tesorería General de la Seguridad Social en los siguientes términos:

Conforme señala, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de junio de 2006 "la Tesorería General de la Seguridad Social, como esta Sala viene poniendo de relieve al examinar cuestiones de competencia derivadas de actos dictados por aquélla, es una entidad de Derecho público, con personalidad jurídica propia, dependiente de la Administración General del Estado (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), que para hacer efectiva la gestión recaudatoria en el ámbito de la Seguridad Social está dotada de una estructura orgánica con diferenciación entre los Órganos Directivos Centrales y las Direcciones Provinciales, en las que se incluyen las Administraciones y Unidades de Recaudación Ejecutiva de las mismas (Sentencias, entre otras, de 7 y 11 de abril de 2000 )".
2) Deja a las claras que cuando nos encontremos ante un acto  dictado por una Dirección Provincial de la TGSS la competencia será de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo siempre y cuando sean de cuantía inferior a 60000€ -Art. 8.3 LJCA- y de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los TSJ cuando sean superiores a esa cifra -Art. 10.1.m) LJCA-. Pero lo realmente destacable a estos efectos es lo que nos dice respecto a los asuntos dictados por las Direcciones Provinciales que se reputen como de cuantía indeterminada: 

Por otra parte es, asimismo, doctrina reiterada del Tribunal Supremo (entre otras resoluciones en Autos de 19 de octubre de 2001, 27 de noviembre de 2000 y 20 de octubre de 2000) que los asuntos de cuantía indeterminada han de equipararse, a estos efectos, a los de cuantía superior a 60.000 euros.
3) Y concluye sobre las consecuencias de que el recurso haya sido fallado por un órgano incompetente, aún cuando el llamado a resolver el recurso de apelación es, como el caso que resuelve, la Sala que debía haber conocido el recurso en primera o única instancia y aunque ello haya acontecido en otras ocasiones. 

Ha de atenderse que el  art. 7.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que "la competencia de los Juzgados y Salas de lo Contencioso-Administrativo no será prorrogable y deberá ser apreciada por los mismos, incluso de oficio, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días ". La  Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en este orden en todo lo no previsto por la LJCA, prevé en su art. 48.2 que "Cuando el tribunal que conozca del asunto en segunda instancia o en trámite de recurso extraordinario por infracción procesal o de casación entienda que el tribunal ante el que se siguió la primera instancia carecía de competencia objetiva , decretará la nulidad de todo lo actuado, dejando a salvo el derecho de las partes a ejercitar sus acciones ante la clase de tribunal que corresponda".
La competencia es una materia de orden público, que ha de ser apreciada en cualquier momento, y, por lo tanto, no puede oponerse a esta exigencia la circunstancia de que nos encontremos ante la tramitación de un recurso de apelación. Ciertamente y como alega la apelante, esta Sala ha conocido de recursos de apelación contra resoluciones semejantes, sin que se suscitase la cuestión sobre la competencia que nos ocupa, pero ello no puede ser obstáculo a que suscitada la misma debamos resolver conforme a derecho, sin que la parte controvierta la aplicación de los preceptos señalados, y sin que por otra parte conozcamos las razones por la que dicha cuestión no se suscitara en aquellos recursos con relación a las concretas circunstancias del caso (la propia parte se refiere a la trascendencia económica de este asunto como de superior a 60.000 euros). Las razones de economía procesal, a las que se refiere la Administración, no pueden imponerse a las razones de legalidad y en concreto a las exigencias del  art. 48.2   de la LEC . En todo caso, las invocaciones de las partes sobre la existencia de previos pronunciamientos de esta Sala sobre cuestiones análogas podrán informar su conducta extraprocesal (respecto de la Administración) o procesal con relación al posible recurso que se interpusiera ante esta Sala, pero no resulta relevante a la hora de resolver sobre una cuestión de orden público como la que nos ocupa.
Por lo expuesto, y en aplicación de lo establecido en el artículo 48.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en todo lo no previsto por la LJCA, procede, al carecer de competencia objetiva el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, decretar la nulidad de todo lo actuado en primera instancia, dejando a salvo el derecho de las partes a ejercitar sus acciones ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV en el plazo de los treinta días siguientes a la notificación de esta resolución. 
Cuatro folios de resolución que nos sirven de guía para las tres cuestiones procesales apuntadas y que, además, recuerda a las partes que tengan en cuenta las resoluciones invocadas en sus escritos de alegaciones a la posible concurrencia de una causa de nulidad de la sentencia a los efectos de informar su actuar (extra)procesal. 

domingo, 10 de mayo de 2015

El 128.1 LJCA no se aplica a la preparación o interposición de recursos

No resulta extraño, en el orden contencioso-administrativo, que al interponer el recurso o la demanda no se acompañe al mismo todos los documentos que se señalan como preceptivos en el artículo 45.2 LJCA, lo que impondrá el correspondiente requerimiento del Secretario del Juzgado o Tribunal para subsanar el/los defecto/s por plazo de diez días (artículo 45.3 LJCA). Las consecuencias de no atender al requerimiento de subsanación en plazo supone el archivo de las actuaciones, pronunciamiento que vendrá dado por Auto del Juzgado o del Tribunal.

La cuestión, que nunca me había planteado hasta leer esta misma mañana una sentencia al respecto, es si para ese plazo de subsanación rige, o no, la posibilidad de rehabilitación de plazos del artículo 128.1 LJCA. Circunstancia esta que, de una búsqueda rápida, sigue dando lugar a pronunciamientos judiciales que, de forma unánime, consideran que no resulta de aplicación.

Así lo tiene dicho el Tribunal Supremo, entre otras, en su Sentencia de veintidos de junio de 2009, con un Fundamento de Derecho Cuarto contundente:
CUARTO
.- Este recurso de casación no puede prosperar en el sentido pretendido por la parte recurrente, esto es, en el sentido de que el recurso contencioso-administrativo interpuesto ante la Sala de instancia continúe su tramitación, y ello porque es doctrina del Tribunal Supremo (expresada, entre otras, en  sentencia de 24 de Marzo de 1997  ( rj 1997, 2347)  , casación nº7517/95.y en autos de 30 de Abril de 2001, casación 5177/00;  de 20 de Marzo de 2003  ( prov 2004, 217086)  . recurso de queja 308/02; de 19 de Febrero de 2004, recurso de queja 277/02 ) que la posibilidad de rehabilitación de plazos que, por excepción al principio de su improrrogabilidad establece el artículo 128.1 de la Ley Jurisdiccional 29/98 , no rige, como expresamente consigna, en los plazos " para preparar o interponer recursos ", y que participan en esta última naturaleza los plazos concedidos para subsanar los defectos de los escritos de interposición de los recursos, cosa que ocurre en el caso de autos, en que se dio el de 10 días a la parte recurrente para que subsanara el defecto de representación del Procurador, sin que lo hiciera en ese tiempo, por lo que la Sala obró ajustadamente a Derecho al decretar el archivo del recurso y al no tener por presentado el poder cuando lo fue al notificársele el auto de archivo, es decir, extemporáneamente.
Idéntica conclusión alcanza la Sentencia, nº 88/2015, del TSJ Madrid, de 9 de febrero de 2015, recaída en el recurso de apelación 939/2014, que es la más reciente que he encontrado sobre la cuestión.

Ahora, como en todo, siempre hay alguna voz discrepante, por lo que si estáis interesados, o necesitados, en encontrar una solución al transcurso del plazo de subsanación daros una vuelta por los distintos pronunciamientos que sobre la cuestión ha dictado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Cataluña. Los mismos igual no os salvan pero puede que os den alguna idea que pueda evitar el desastre de ver archivado el asunto si con ello se produce, además, la imposibilidad de reiterar el mismo por haber adquirido firmeza el acto administrativo.