sábado, 12 de septiembre de 2020

Las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la Sala Tercera del TS


Una de mis rarezas confesables es ver las comparecencias de los aspirantes en los procesos selectivos de nombramientos discrecionales en órganos judiciales del orden contencioso-administrativo, por lo que estoy de enhorabuena, ya que se encuentra en tramitación el proceso de selección de la Presidencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

Las bases del proceso selectivo regulan la documentación a aportar por los aspirantes junto con la solicitud, a saber: 

• Relación detallada de los méritos acreditativos de su capacidad e idoneidad para ocupar la Presidencia de la Sala Tercera del TS;

• Memoria comprensiva de los datos identificativos de las resoluciones jurisdiccionales de especial relevancia jurídica que hubieran dictado como magistrado del Tribunal Supremo y un resumen de su contenido literal, en especial de los fundamentos jurídicos que consideren relevantes;

• El programa de actuación para el desempeño de la plaza solicitada. Programa que, conforme a la base tercera, apartado 4º, se tendrá en consideración en la ponderación del mérito sobre los siguientes aspectos: 

a) El conocimiento que revelen las personas que opten a la plaza sobre la situación del órgano a cuya cobertura aspiran y las de los demás órganos sobre los hayan de ejercer sus competencias como miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.

b) La identificación de las necesidades del órgano a cubrir y las de los demás órganos sobre los que, en su caso, las personas que opten a la plaza hayan de ejercer sus competencias.

c) Las propuestas de solución de las necesidades detectadas y la planificación del desarrollo de esas propuestas.

d) Las propuestas adicionales para mejorar el funcionamiento del órgano y, en su caso, las de los demás órganos sobre los que las personas que opten a la plaza hayan de ejercer sus competencias. Se tendrán en consideración específica en la valoración del mérito las propuestas relacionadas con la aplicación de nuevas tecnologías para facilitar su aceptación y desarrollo efectivo, así como las referidas a la mejora de las relaciones de los órganos de la Administración de Justicia con las Administraciones e instituciones públicas, corporaciones públicas, ciudadanos y mejora de la imagen de la Administración de Justicia.

A la convocatoria concurren tres aspirantes, María del Pilar Teso Gamella, Cesar Tolosa Tribiño y Eduardo Calvo Rojas. Los programas de actuación de los dos primeros los tenéis disponibles aquí y aquí, pero el de Eduardo Calvo Rojas no está adjunto a su solicitud, posiblemente por algún fallo de escaneado de su solicitud, por lo que las referencias que haré a sus propuestas las he extraído de su comparecencia ante la Comisión Permanente del CGPJ. 

1º.- Las propuestas de María del Pilar Teso son, en apretada síntesis, las siguientes: 

A.-Impulsar reformas legislativas para:

1. Generalizar la doble instancia en el orden contencioso-administrativo;

2. Regular la casación autonómica de forma homogénea;

3. Que el supuesto de ICO (interés casacional objetivo) de contradicción entre las distintas Salas territoriales se encuadre en el apartado 3º del artículo 88 LJCA para que, de esa manera, pase a considerarse como una presunción de ICO;

4. Suprimir la regla general de celebración de vista que prevé el art. 92.6 LJCA, pues lo cierto es que la celebración de éstas es excepcional, lo que aconseja que el tenor de la ley se acomode a la realidad, la excepcionalidad de las vistas;

5. Introducir una previsión legal especifica que permita a las Salas territoriales o Juzgados suspender la tramitación de recursos contencioso-administrativos que guarden relación con recursos de casación que ya hayan sido admitidos por la Sala 3ª;

6. Dotar de estabilidad a la Sección de admisión, proponiendo como opción a valorar reformar su composición para que la misma quede integrada por el Presidentes de la Sala y los Presidentes de las distintas Secciones de enjuiciamiento.

B.- A nivel organizativo propone: 

1. Incrementar, en uno o dos, el número de magistrados que conforman la sección de admisión cuando se produzcan picos de entrada de asuntos. El incremento sería respecto a algún magistrado de la sección de enjuiciamiento donde se produce esos picos de entrada;

2. Reequilibrar el despacho de asuntos de la sección primera;

3. Aumentar el número de letrados que prestan servicio en el Gabinete Técnico para robustecer el trámite de admisión, 

4. Especialización de los letrados del Gabinete Técnico, lo que exigiría que en el reclutamiento de éstos sea imprescindible que tengan experiencia acreditada en las materias propias del orden contencioso-administrativo y, en concreto, en aquellas materias donde se hayan detectado deficiencias o necesidades;

5. Reorganizar las secciones de enjuiciamiento, creando una más;

6. Estimular la coordinación en la sección primera. El objetivo es que los grupos de apoyo al magistrado de cada Sección no realicen trabajos diferentes según la subsección;

7. Promover una interpretación razonable de las causas de inadmisión. Considera que existe un casuismo que produce un “efecto llamada” en los litigantes;

8. Simplificar las providencias de inadmisión en los incidentes de nulidad de actuaciones que se formulan frente a las providencias de inadmisión que, según explica en su programa, se han incrementado considerablemente; 

C.- En lo que se refiere a las secciones de enjuiciamiento propone: 

1. Modificar las normas de reparto para equilibrar las distintas secciones y crear una sección más, lo que permitiría, a su juicio, “aumentar el número de recursos de casación que rebasen el trámite de admisión, para nutrir a dichas Secciones”;

2. Detección precoz de asuntos similares, lo que permitiría aprovechar el señalamiento para votación y fallo y, así, deliberarlos y decidirlos de forma conjunta; 

3. Estimular la resolución rápida de los asuntos que son repetición, en todo o en parte, de otros anteriores que ya hayan sido resueltos; 

4. Objetivizar el turno de ponencias; 

5. Potenciar el Pleno de la Sala para coordinar practicas procesales y unificar criterios;

6. Tratamiento sistemático de los asuntos pendientes que permita detectar supuestos de perdida sobrevenida de objeto;

7. Establecer hábitos de deliberación para centrar el debate en las cuestiones de interés casacional y redactar las sentencias para formar jurisprudencia; 

8. Estimular la eficiencia en la oficina judicial, mediante la asunción por los Letrados de la Administración de Justicia de las funciones que legalmente tienen atribuidas. 

D.- Otras propuestas de mejora: 

9. En lo que se refiere a las nuevas tecnologías propone la corrección de las deficiencias detectadas en las videoconferencias, lo que ha demorado considerablemente las deliberaciones. Corregir errores del sistema informático cuando se realizan actos procesales, ya que los defectos deterioran la imagen de la Sala y el ejercicio de la función jurisdiccional; 

10. En lo que se refiere a la política informativa considera necesario promover el conocimiento por los medios de comunicación y por la doctrina científica de las resoluciones judiciales de especial interés social o jurídico; 

11. En lo que se refiere al servicio de documentación propone mejorar su dotación y realizar una planificación adecuada, que sepa interpretar y encontrar lo solicitado;

12. En lo que se refiere a la relación institucional con el CGPJ considera necesario impulsar la colaboración para el estudio, propuesta y seguimiento de las necesarias reformas legislativas propuestas en su programa;

13. En cuanto al dialogo entre tribunales propone: favorecer las relaciones informales con el TC; promover el intercambio de experiencias y participación en encuentros de los magistrados de la Sala Tercera con otros magistrados de Tribunales Supremos y de miembros de Consejos de Estado; 

14. Impulsar las relaciones con el TJUE;

15. Promover reuniones informales con Presidentes de otras Salas del Tribunal; 

16. En lo que se refiere a la transparencia, propone promover la adecuada información de los trámites procesales a los ciudadanos y a los profesionales que acudan a la Sala Tercera;

17. Puntualidad en la iniciación de los actos procesales; 

18. Promover el ahorro y reciclaje de papel y la utilización racional y adecuada de la energía en la sede del Tribunal.

2º.- Las propuestas de Cesar Tolosa Tribiño son: 

1. Promover la coordinación entre el Presidente de la Sala y los Presidentes de las secciones.

2. Coordinación con la sección de admisión y detección por los Presidentes de las secciones de aquellos asuntos que deben ser objeto de un tratamiento específico a través del Pleno de la Sala poniendo como ejemplo: el importe de las costas; la inclusión o no del IVA en éstas; cuantía de las sanciones a efectos de recurso…Plenos que considera que tendrían un efecto beneficioso desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, las cuales, a la vista de su comparecencia, parece evidente que hay que trabajar;

3. Dotar de un papel destacado a los LAJ en la labor de unificación y gestión de asuntos, así como coordinar la actuación de éstos con el Gabinete Técnico; 

4. Sobre el recurso de casación frente a sentencias de órganos unipersonales parece deducirse un replanteamiento sobre limitar la recurribilidad de las sentencias de los Juzgados de lo CA (y de los Juzgados Centrales) a aquellas que sean susceptibles de extensión de efectos, pues ello deja fuera del ámbito de cognición del TS materias importantes como intervención y uso del suelo, disciplina urbanística…

5. Propone una serie de reforma legislativas para atender a la constante llegada de numerosos asuntos de naturaleza repetitiva, a saber:

   a.    Aplicación analógica de la posibilidad prevista en el art. 63.1 LJCA, que permite el señalamiento preferente de asuntos; 

    b.     Regulación de la suspensión de actuaciones en las Salas y Jugados sentenciadores cuando la Sala Tercera haya admitido un recurso de casación sobre un asunto que verse sobre la misma cuestión;

    c. Permitir que en los asuntos repetitivos, cuando ya se haya resuelto alguno de ellos con sentencia desfavorable, se puedan resolver los ya admitidos a través de Auto, evitando así las sentencias repetitivas;

6. Resolver la relación entre el contenido del Auto de admisión y el escrito de interposición, ya que siguen existiendo posturas contradictorias entre las distintas secciones de enjuiciamiento;

7. Se apunta el problema de la falta de homogeneidad en las materias atribuidas a las secciones cuarta y quinta, lo que no sería el caso de las secciones segunda y tercera, donde si existe esa homogeneidad entre materias;  

8. Necesidad de acometer la regulación normativa del Gabinete Técnico, así como la necesidad de incrementar la plantilla de letrados de ésta;

9. Se propone reforzar las relaciones institucionales; la política de comunicación y la transparencia judicial; 

10. Mención especial merecen las propuestas referidas a la implementación de medios tecnológicos. Existen problemas en la utilización de videoconferencias; en la posibilidad de conexión remota con los miembros del Gabinete Técnico; en la utilización de la firma digital; en las base de datos de resoluciones; inexistencia de una base de documentos de interés; necesidad de implantar la aplicación minerva digital; necesidad de sustituir el actual acceso por el método cliente servidor por el sistema de acceso por entorno web, necesidad de permitir el acceso a los expediente administrativos a través de la aplicación cargador de expedientes; inutilización del visor de documentos “horus” y del “portafirmas”; necesidad de desterrar la utilización de “Lotus Notes”;

11. Y, finalmente, propone dos reformas legislativas de calado, a saber:

    a. La necesidad de reformar globalmente la planta de la jurisdicción contencioso-administrativa para instaurar la doble instancia de manera generalizada; 

    b. La necesidad de regular el recurso de casación autonómica. 

3º.- Las propuestas del tercer y último aspirante, Eduardo Calvo Rojas:

Como advertía al inicio de esta entrada el resumen de éstas lo he extraído de su comparecencia, ya que en la solicitud de este aspirante disponible en el portal de transparencia del CGPJ no está incluido el programa de actuación, probablemente por algún tipo de error en el escaneo de la solicitud. Veamos sus propuestas: 

1. Corregir disfunciones en la admisión y enjuiciamiento, sobre todo en lo que se refiere a los tiempos de espera;

2. Incremento desigual de magistrados en la sección primera a la luz del volumen de asuntos de cada sección. En definitiva, dar más peso en la sección de admisión a las secciones que reciban el mayor número de asuntos; 

3. Reequilibrar la carga competencial de cada una de las secciones;

4. Intentar reducir el número de recursos directos que accede a la Sala Tercera, lo que choca con la postura de los otros dos aspirantes, que en sus respectivas propuestas ponen en valor la labor de enjuiciamiento como órgano de instancia del TS y no consideran que el número de recursos directos sea excesivo;

5. Revisar y objetivar la avocación de asuntos al Pleno de la Sala. Potenciar su uso y no hacerlo solo para los asuntos mediáticos, sino también para los ordinarios donde existen disparidad de criterios; 

6. Reorganizar y potenciar el Gabinete Técnico. No cree que el mismo deba estar compuesto, mayoritariamente, por Jueces y Magistrados, ni que éste se dedique, en exclusiva, a labores de admisión

7. Reforzar las relaciones de los de LAJ de la oficina judicial con el Gabinete Técnico; 

8. Dotar a la Sala de los medios técnicos necesarios para su plena digitalización e implantar las medidas que permitan la celebración la celebración de vistas no presenciales; 

9. Reforzar las relaciones de colaboración con las Universidades, Colegios Profesionales, instituciones de la UE…

10. Imperiosa necesidad de atajar las series de recursos iguales. Cree que la programación de los señalamientos sería una buena solución para evitar esa entrada masiva de asuntos 

11. A medio-largo plazo, y a la vista de la reducción de la pendencia de asuntos, que cree que se ira consolidando, considera conveniente reducir el tamaño de la Sala Tercera;  


4º.- Una valoración a la vista de las propuestas y comparecencias de los aspirantes

De las propuestas y comparecencias de los aspirantes he extraído las siguientes conclusiones: 

a. En la Sala Tercera hay graves deficiencias en medios tecnológicos. O no hay medios o los que hay están obsoletos. Los tres aspirantes señalan serios problemas en lo que se refiere a los medios tecnológicos, al punto de que se demora e impide un correcto desempeño de la función jurisdiccional; el trabajo en remoto y colaborativo; el uso de herramientas de gestión que potencien la eficiencia… 

b. Existen problemas en las funciones que la ley atribuye a los LAJ, así como un problema de coordinación de éstos con el Gabinete Técnico y con los Magistrados;

c. Disfunciones en el Gabinete Técnico, de las que podemos destacar las siguientes: 

    i. Necesidad de incrementar la plantilla de letrados;

    ii. Modificar el reclutamiento de éstos, buscando un mayor grado de especialidad en las materias propias del orden contencioso-administrativo y, en concreto, en aquellas concretas materias donde se detecten deficiencias: 

    iii. Requisitos de los candidatos, o, si se prefiere, si éstos deben ser, con carácter mayoritario, Jueces y Magistrados; 

    iv. Problemas de coordinación entre los grupos de apoyo a los magistrados; 

    v. Funciones de los letrados, que, según se deduce de las comparecencias, parece que se dedican, casi en exclusividad, a labores de admisión, esto es, a preparar los borradores de las providencias de inadmisión y de algún que otro Auto, lo que hace que se prescinda de la labor de asesoramiento de éstos en las labores de enjuiciamiento, con la consiguiente pérdida de calidad de las sentencias casacionales;

    vi. Falta de incentivos para la provisión de estos puestos por especialistas, bien por las retribuciones, bien por limitar sus funciones a labores de admisión, lo que hace que el trabajo resulte repetitivo y con gran volumen de asuntos -despachan, de media, 80 asuntos semanales-

d. La Sala Tercera es una Sala complicada de gestionar por sus dimensiones, lo que hace que: 

    i. No existan relaciones interpersonales entre los miembros de las distintas secciones;

    ii. Desuso generalizado del Pleno, lo que hace que existan un buen número de criterios dispares entre las secciones de enjuiciamiento;

e. Grave problema con las series de recursos. La mera gestión de éstos hace dirigir esfuerzos del Gabinete Técnico y de los Magistrados que se pierden para admitir otro tipo de recursos de casación o para mejorar la calidad de las sentencias casacionales: 

f. Se sigue demandando, por dos de los tres aspirantes, una generalización de la segunda instancia, algo que ya se preveía en el borrador que redactaron varios magistrados de la Sala Tercera y que fue la antesala del actual modelo casacional en el orden contencioso-administrativo. Propuesta que choca abiertamente con la última propuesta realizada por el CGPJ, que proponía todo lo contrario, tal y como expliqué en esta entrada. 

En suma, no le aguarda una fácil tarea a la futura Presidenta, o Presidente, de la Sala Tercera, pues si quieren llevar a la práctica sus propuestas tendrán que luchar: 

  • Contra la escasez de medios, especialmente tecnológicos; 
  • Contra la resistencia a modelos extintos y caducos de Oficina Judicial, dotando a éstas de funciones de gestión y coordinación; 
  • Contra un modelo de Gabinete Técnico superado y que corre el riesgo de sufrir problemas de reclutamiento si sus funciones siguen siendo monótonas y poco atractivas, tanto desde el punto de visto económico como profesional; 
  • Contra una Sala que parece resistirse a asumir su función casacional y que no parece encontrarse cómoda en un modelo -atemperado- de admisión discrecional;
  • Contra un excesivo número de Magistrados que, en demasiadas ocasiones, no son capaces de predicar con el ejemplo y dar una solución uniforme a las distintas cuestiones que se les plantean. 

¡Suerte a los candidatos!



                                                                                 

 

miércoles, 9 de septiembre de 2020

La protección de los opositores aprobados de buena fe a la luz del principio de confianza legítima y su aplicación por los tribunales de la UE

 Por DAVID RODRÍGUEZ FIDALGO

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El problema

Un viejo y conocido problema de la impugnación judicial de los procesos selectivos de personal de las administraciones públicas es la (aparente) dificultad de ejecución de las sentencias que anulan dichos procesos. Este tipo de impugnaciones son un baile a tres bandas donde suelen intervenir tres tipos de partes procesales: el aspirante que impugna el proceso y aduce vicios de nulidad que le harían ganar la plaza (demandante), la administración que convoca el proceso selectivo (demandada) y los aspirantes que han superado el proceso selectivo (codemandados). En la mayoría de los casos, si el demandante tiene éxito, el fallo de nulidad de alguna fase del proceso selectivo llegará cuando ya ha transcurrido un tiempo considerable desde la toma de posesión de la plaza por los aspirantes aprobados. Entonces la administración se ve en la tesitura de ejecutar una sentencia que le obliga a anular los nombramientos de los aspirantes aprobados, para dar entrada al aspirante demandante que ha obtenido un fallo favorable.

La solución en la jurisprudencia nacional

La práctica judicial en la ejecución de sentencias en supuestos de hecho como el descrito ha dado lugar a una consolidada jurisprudencia que afirma que los principios de equidad (art. 3.2 del Código Civil), seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima (art. 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) actúan como límites que protegen a los aspirantes aprobados que ven anulados sus nombramientos años después y de forma sobrevenida, pese a no ser dichos aspirantes los responsables del vicio de nulidad que afecta al proceso selectivo que superaron.

Como síntesis de esta jurisprudencia podemos citar la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 16.01.2017 (rec. 1367/2015, ES:TS:2017:223), referida a un caso en el que un aspirante de un proceso selectivo ve anulado un mérito por la estimación del recurso contencioso-administrativo de otro aspirante cuyo objeto era, única y exclusivamente, la anulación de ese mérito (lo que hacía ganar la plaza al recurrente). Pues bien, razona el Tribunal Supremo que las consecuencias de esa anulación no deben perjudicar al aspirante que supero inicialmente el proceso selectivo y que ve anulado o su mérito:

«OCTAVO.- Asimismo, debe tenerse presente que este litigio se ha originado a causa de una deficiente actuación administrativa a la que es ajena la Sra. Juliana y que ha sucedido en un proceso selectivo celebrado en 2011. Se dan, pues, circunstancias semejantes a las que en otras ocasiones nos han llevado a preservar los derechos de quienes habiendo sido nombrados funcionarios en su momento, años después, por causas que no les son imputables sino debidas a la actuación de la Administración, se encuentran en la tesitura de verse privados de tal condición.

Pues bien, en tales supuestos la jurisprudencia se ha orientado en el sentido de preservar tales derechos por razones de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima, además de por consideraciones de equidad [sentencias nº 991/2016, de 4 de mayo (casación 3221/2014), 29 de junio de 2015 (casación nº 438/2014) y las que se citan en ellas]».

Un aspecto importante de esta jurisprudencia es que no considera que la conservación de los nombramientos de los aspirantes aprobados de buena fe pueda cualificarse como una invasión de las competencias de la Administración en su oferta de empleo público, ni tampoco como una suerte de creación de plazas por decisión judicial que vulneraría la regla de que no puede haber más aprobados que plazas convocadas (véase la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 8.10.2014, rec. 2458/2013, ES:TS:2014:4133).

En suma, esta jurisprudencia crea la siguiente regla para la ejecución de sentencias: debe protegerse al aspirante tercero de buena fe que supera un proceso selectivo y no es responsable del vicio de nulidad determinante de la anulación de dicho proceso. En estos casos, las «actuaciones de ejecución de sentencia deberán ser realizadas de forma que, y en la medida de lo posible, no se vea afectada la situación de aquellos que resultaron aprobados inicialmente» (sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 15.12.2014, rec. 2459/2013, ES:TS:2014:5353).

El refuerzo de la protección de los opositores aprobado de buena fe por los tribunales de la UE

Hasta la fecha, la jurisprudencia citada tenía como único fundamento el derecho nacional, en particular, el art. 110 de la Ley 39/2015). Sin embargo, los tribunales de la UE se han pronunciado recientemente en un sentido que refuerza, aún más, la regla de la protección de los opositores aprobado de buena fe en la ejecución de sentencias que anulan procesos selectivos.

Nos referimos a la sentencia del Tribunal General de la UE de 09.09.2020 (asunto T‑437/16, EU:T:2020:410), relativa a un caso en el que se anulan las bases de una convocatoria de un proceso selectivo para funcionarios de las instituciones de la UE. El motivo de nulidad: las bases eran discriminatorias por limitar al alemán, inglés y francés la elección por los candidatos de la segunda lengua de la oposición. La impugnación de las bases fue planteada por Italia y apoyada por España.

Pues bien, la sentencia es consciente de que la anulación de las bases determina la nulidad de la selección de los aspirantes aprobados y ya contratados. Y, por esta razón, acuerda limitar los efectos de su sentencia en los siguientes términos:

«229 En cualquier caso, procede recordar que, en virtud del artículo 266 TFUE, la institución de la que emane el acto anulado está obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia que anule ese acto. El Tribunal de Justicia ha declarado a este respecto que para adecuarse a dicha sentencia y darle plena ejecución, la institución correspondiente está obligada a respetar no solo el fallo de la sentencia, sino también los motivos que han conducido a aquel y que constituyen su sustento necesario, en el sentido de que son indispensables para determinar el significado exacto de lo que ha sido resuelto en el fallo (véase la sentencia de 14 de junio de 2016, Comisión/McBride y otros, C‑361/14 P, EU:C:2016:434, apartado 35 y jurisprudencia citada).

230 No obstante, por razones análogas a las expuestas en los apartados 83 a 87 de la sentencia de 26 de marzo de 2019, España/Parlamento (C‑377/16, EU:C:2019:249) —véase también el apartado 85—, la anulación de la convocatoria impugnada no puede influir en un eventual reclutamiento ya efectuado sobre la base de las listas de reserva constituidas a raíz del procedimiento de selección en cuestión, habida cuenta de la confianza legítima de los candidatos a los que ya se ha ofrecido un puesto por estar incluidos en dichas listas (véase, en este sentido, el auto de 5 de septiembre de 2019, Italia/Comisión, T‑313/15 y T‑317/15, no publicado, EU:T:2019:582, apartado 131)»

A nuestro juicio, este pronunciamiento viene a reforzar la jurisprudencia nacional, la cual puede ahora inspirarse también en el principio de protección de la confianza legítima, como principio general del derecho de la UE, para dar una solución (equitativa) a la ejecución de sentencias que anulen procesos selectivos en los que existan opositores ya aprobados y ajenos a las causas de nulidad de esos procesos.

A la luz de este respaldo europeo, quizás debamos reformular el viejo lema: «hágase Justicia, aunque perezca el mundo», salvo que nos topemos con opositores aprobados de buena fe.

viernes, 24 de julio de 2020

Y al decimosexto real decreto-ley su plazo se reinició


Por DAVID RODRÍGUEZ FIDALGO










La legislación del estado de alarma nos ha dado a los juristas un nuevo capítulo sobre cómo computar plazos, en este caso, los relativos al plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo.

Como es sabido, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (RD del EA) estableció en su disposición adicional segunda la suspensión de términos y la suspensión e interrupción de “los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales”. Asimismo, su disposición adicional cuarta estableció la suspensión de los “plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos”.

Posteriormente se aprobó el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (RDL 16/2020), cuyo art. 2.1 dispuso: 

"Los términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación de lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente”.
Y como todos sabemos ya, las disposiciones adicionales segunda y cuarta del RD del EA han sido derogadas, alzándose las suspensiones de plazos previstas en ambas disposiciones adicionales con efectos desde el 4 de junio de 2020.

La lectura del art. 2.1 del RDL 16/2020 parecería que no da lugar a interpretaciones dispares: aquellos plazos previstos en leyes procesales que hubieran iniciado su cómputo antes del estado de alarma (y, lógicamente, que no hubieran terminado) se vuelven a contar de nuevo por entero. Contador a cero, borrón y cuenta nueva.

El plazo para la interposición de un recurso contencioso-administrativo es de 2 meses porque así lo dispone el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA). No hay duda de que la LJCA es una ley procesal y que, por lo tanto, el plazo fijado en su art. 46 para la interposición de un recurso contencioso-administrativo entra de lleno en el ámbito de aplicación del art. 2.1 del RDL 16/2020. En consecuencia, el plazo de 2 meses para interponer un recurso contencioso-administrativo (salvo para la protección de derechos fundamentales), se ha de contar nuevamente por completo desde el 4 de junio de 2020. Y habiendo sido declarados urgentes para actuaciones procesales los días 11 a 31 de agosto de 2020 (art. 1 del RDL 16/2020), los 2 meses de plazo se reinician el mismo día 4 de junio de 2020 y terminan, salvo mejor interpretación, el 11 de agosto de 2020.

Sin embargo, algunos juristas han sostenido una interpretación preocupante desde el punto de vista de la seguridad jurídica: que el plazo de interposición de un recurso contencioso-administrativo es un plazo sustantivo, no procesal, y que, por lo tanto, su suspensión se produjo con base en la disposición adicional cuarta del RD del EA. Bajo esta premisa, el art. 2.1 del RDL 16/2020 no sería aplicable al plazo de interposición de recursos contencioso-administrativos, de modo que no habría un reinicio completo del plazo de 2 meses, sino solo su reanudación por el tiempo que restase del plazo al momento en que se produjo su suspensión el 14 de marzo de 2020.

En apoyo de esta interpretación se esgrime la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 29/04/2009 (rec. 511/2004, ECLI: ES:TS:2009:2391) en la que se afirma que “únicamente ofrecen carácter procesal los [plazos] que tengan su origen o punto de partida de una actuación de igual clase (notificación, citación, emplazamiento o requerimiento), entre los que no están aquellos a los que se asigna un determinado plazo para el ejercicio de una acción (SSTS 1 de febrero 1982; 22 de enero de 2009)”.

A nuestro respetuoso criterio, y dicho sea con el debido respeto y en términos de libertad de opinión bloguera, no puede compartirse esta interpretación sobre la inaplicabilidad del art. 2.1 del RDL 16/2020 al plazo de interposición de recursos contencioso-administrativos. Y ello por dos razones que seguidamente se exponen (para respuesta a las más que probables alegaciones de inadmisión que seguramente sufriremos quienes ejercemos en la jurisdicción contencioso-administrativa).

En primer lugar, porque “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras” (art.  3.1 del Código Civil). Ni el RD del EA, ni el RDL 16/2020 regulan sobre “plazos procesales”, sino sobre “plazos previstos en las leyes procesales”. Como ya se ha dicho, el plazo de 2 meses para interponer recurso contencioso-administrativo se contiene exclusivamente en una ley procesal (art. 46 de la LJCA), no en leyes sustantivas sobre procedimiento administrativo. No hay, pues, equívocos posibles. Sea plazo sustantivo o procesal, lo relevante es que el de interposición del recurso contencioso-administrativo se regula en una ley eminentemente procesal y por ello se le aplica en su totalidad el art. 2.1 del RDL 16/2020.

Esta interpretación literal se ve reforzada también por el contexto y antecedentes de la legislación de alarma, cuya finalidad (al menos respecto al cómputo de plazos) ha sido la de no perjudicar el derecho a la tutela judicial efectiva ni generar inseguridad jurídica al justiciable. Así lo expresa la exposición de motivos del RDL 16/2020: “En aras de la seguridad jurídica resulta necesario establecer unas reglas generales para el cómputo de los plazos, optándose en el artículo 3 por el reinicio del cómputo de los plazos y por no tomar en consideración, por tanto, el plazo que hubiera transcurrido previamente a la declaración del estado de alarma”.

Y, en segundo lugar, porque el debate sobre la naturaleza sustantiva o procesal de los plazos para el ejercicio de una acción, en este caso, el recurso contencioso-administrativo, está más que superado en cuanto a sus consecuencias prácticas. La doctrina de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha sido matizada, y lo cierto es que en la actualidad se considera que el ejercicio de una acción que inicia un proceso ha de computarse conforme a la legislación que rige para ese proceso. Así nos lo enseña la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 25/03/2015 (rec. 23/2013, ECLI: ES:TS:2015:1082):

“i) La diferencia existente entre plazos procesales y sustantivos al señalar que únicamente ofrecen carácter procesal los que tengan su origen o punto de partida de una actuación de igual clase (notificación, citación, emplazamiento o requerimiento), entre los que no están aquellos a los que se asigna un determinado plazo para el ejercicio de una acción (SSTS 1 de febrero de 1982; 22 de enero de 2009).

ii) El artículo 135 de la LEC, que permite la presentación de los escritos hasta las 15 horas del día siguiente hábil al del vencimiento, regla prevista para plazos procesales y no para los sustantivos, en los que se atiende al hecho objetivo de la falta de ejercicio de la acción a la que se vincula dentro del plazo prefijado.

iii) La acción judicial que pone en movimiento el derecho se materializa a través de la presentación de una demanda, que es un acto procesal sujeto a normativa procesal. El problema no es tanto de plazos, pues su computación no se ve alterada, ni se prolongan los días de los que dispone el interesado sino de permitir al titular de un derecho, cuyo ejercicio se encuentra sometido a plazo de caducidad, disponer del mismo en su integridad, con perfecto ajuste a lo dispuesto en el artículo 5 del CC , que, aunque no menciona si el día final del cómputo ha de transcurrir por entero habrá de entenderse que es así pues no excluye aquel precepto en su texto el día de su vencimiento a diferencia de lo que dispone sobre el día inicial.

iv) Una interpretación razonable de la norma y de los intereses en juego no puede originar, como resultado final, un efecto contrario al derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, desde el momento en que se privaría al titular del derecho a disponer de la totalidad del plazo concedido por la Ley, incluso aunque se arbitraran mecanismos organizativos distintos de acceso a los órganos judiciales (inexistentes en la actualidad, puesto que los juzgados no permanecen abiertos durante las veinticuatro horas del día, y no es posible la presentación de escritos ante el Juzgado que presta servicio de guardia), pues siempre dispondría de la facultad de agotarlo en su integridad, y de esta facultad no puede ser privado por las normas procesales u orgánicas que imposibilitan el pleno ejercicio de la acción ante los órganos judiciales”.

Como se comprueba, por más que un concreto plazo para ejercer una acción pueda calificarse como sustantivo, en la práctica esa acción se debe articular a través del procedimiento fijado en la ley procesal correspondiente. Y, por tanto, el plazo para el ejercicio de la acción se trata como un “acto procesal sujeto a normativa procesal”. Razón por la cual, aunque se esté ante un plazo formalmente sustantivo, materialmente se beneficia de la aplicación de la legislación procesal en su integridad y, en particular, del célebre art. 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

En otros términos: poco importaría que nuestra acción esté sujeta a un plazo que sea calificado como sustantivo si, para su ejercicio, se aplica la legislación procesal correspondiente.

Partiendo de lo anterior, en realidad habría que considerar como plazo (verdaderamente) procesal todo aquel plazo al que se le aplique una legislación procesal concreta.

De este modo, volviendo al recurso contencioso-administrativo, de cuanto se expone tenemos que concluir que el plazo del art. 46 de la LCJA es un plazo procesal, porque la interposición de un recurso contencioso-administrativo recibe el trato de un acto procesal sujeto a la LJCA. Y es que, si no estuviéramos ante un plazo procesal, no se entendería que la Sala Tercera del Tribunal Supremo haya declarado aplicable el art. 135 de la LEC al plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo (entre otras, sentencias de 27/03/2013, rec. 224/2011, ECLI: ES:TS:2013:1284; y de 14/12/2009, rec. 3851/2005, ECLI: ES:TS:2009:7619).

En definitiva: el plazo de interposición de recursos contencioso-administrativos ha de entenderse reiniciado en virtud del art. 2.1 del RDL 16/2020. Sostener lo contrario se nos presenta como una interpretación contraria a la literalidad de la norma y la actual jurisprudencia sobre la sujeción de cualesquiera acciones a los plazos previstos en las leyes procesales que sirven para articularlas.


martes, 14 de abril de 2020

Algunas ideas para mejorar las medidas procesales propuestas por el CGPJ para el orden contencioso-administrativo

Ya dimos cuenta en una entrada anterior de las medidas para el orden contencioso-administrativo que proponía el Consejo General del Poder Judicial en su primer documento de trabajo sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la administración de justicia tras el estado de alarma.

El plan no propone soluciones reales para los objetivos que supuestamente pretende resolver, ya que ni se diagnostican los mismos, ni se cuenta con un análisis cuantitativo y cualitativo de los medios económicos y humanos disponibles para afrontarlos. La impresión que produce su lectura es que en todas las jurisdicciones parece común la carestía de medios económicos y humanos, lo que lleva al CGPJ a intentar cubrir la avalancha de procedimientos judiciales que prevé que ocasionará la crisis sanitaria con los mismos medios que se disponían con anterioridad al surgimiento de ésta. La mala salud de nuestra justicia hace que el plan no sea capaz, si quiera, de proponer soluciones organizativas y transitorias para abordar el reto que tiene por delante y, por ello, la gran mayoría de las medidas tienen vocación de permanencia y en no pocas ocasiones suponen un retroceso (otro más) en las garantías de los justiciables.

Pero no es mi intención hacer una valoración crítica general del plan, pues voces mucho más autorizadas que la mía lo harán con mejor criterio. Mi objetivo es mostrar los problemas que presentan algunas de las medidas propuestas para el orden contencioso-administrativo y proponer, respecto a las mismas, algún elemento de mejora. Vayamos a ello:

A.- Sobre la reforma de los pleitos testigo y la extensión de efectos

La estadística judicial revela el testimonial uso de esta tipología de proceso, pero el CGPJ, lejos de rendirse a la evidencia, vuelve a insistir en calificar el procedimiento testigo como una técnica viable y fácil de gestionar, al punto de que, con su propuesta de reforma, plantea extenderla a cualquier tipo de materia y no solo a tributario, personal y unidad de mercado, que es lo que permite actualmente la LJCA. 

El CGPJ cree que para que el sistema funcione basta con facultar al Juez para no tramitar recursos cuando la cuestión ya esté decidida en los pleitos testigos, pero quien ha ideado esa fórmula mágica no ha debido caer en la cuenta de que una previsión similar ya está recogida en el art. 51.2 LJCA, a saber: “2. El Juzgado o Sala podrá inadmitir el recurso cuando se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme, mencionando, en este último caso, la resolución o resoluciones desestimatorias”

Y es que, en realidad, el pleito testigo no ha funcionado por una acumulación de motivos, entre los que cabe destacar:
  • La inexistencia generalizada de turnos de reparto por materia, por lo que los asuntos se reparten entre distintos juzgados de lo contencioso-administrativo de la misma plaza, los cuales, en no pocas ocasiones, alcanzan fallos contradictorios en asuntos idénticos;
  • La imposibilidad de establecer una respuesta uniforme para los pleitos con identidad de objeto por cuanto la elevada summa gravaminis para acceder a la apelación hace que buena parte de los asuntos que pueden ser resueltos a través de los procedimientos testigo son asuntos de única instancia, lo que da lugar a distintos fallos firmes y contradictorios;
  • La existencia de una jurisprudencia restrictiva respecto a la identidad de situación jurídica, que en determinadas ocasiones suponía un efecto llamada a la interposición de nuevos recursos contencioso-administrativo;
  • La exigencia de que el interesado en la extensión de efectos no tuviese una resolución que, habiendo causado estado en via administrativa, fuera consentida y firme por no haber promovido recurso contencioso-administrativo;
  • Lo poco que gusta a los jueces de lo contencioso-administrativo está técnica, ya que en no pocas ocasiones es más compleja la extensión de efectos que la resolución del litigio principal, en especial cuando ya se ha tomado una decisión sobre el fondo del asunto;
  • Lo poco que gusta a los recurrentes, y a sus abogados, pues lo cierto es que el fallo de sus recursos no va a depender del trabajo efectuado por la parte recurrente, sino por el que realice/n la/s parte/s que haya/n tenido la suerte de que su/s recurso/s sí sea/n objeto de tramitación preferente.

Siendo esta la verdadera problemática, aquí van algunas ideas para, en la medida de lo posible, mejorar el pleito testigo y su uso:
  1. Que la identidad jurídica a la que se refiere el artículo 110.1 a) LJCA sea entendida como situación jurídica material y no procesal. Esto es, tiene que ser indiferente que los interesados se hayan aquietado o no frente al acto administrativo, pues de lo contrario lo que se está incentivando es que los afectados se vean en la necesidad de recurrir esos actos administrativos, lo que generará el efecto inverso al buscado.
  2. En línea con lo anterior, es necesario suprimir el artículo 110.5 c) LJCA, ya que el mismo se ha revelado contraproducente, pues no solo se solicita, en su caso, la extensión de efectos, sino que, además, se recurre el acto desestimatorio de la administración. De no hacerlo, no solo no accederán recursos, sino que lo harán por duplicado en aquellas materias donde se pueda producir el fenómeno de la extensión de efectos.
  3. Hay que incentivar esta tipología de procedimientos testigos otorgándoles, en todo caso e independiente de la cuantía de estos, recurso de apelación.
  4. Hay que equiparar la posibilidad de recurrir en casación las sentencias que sean susceptibles de extensión de efectos, independientemente de si su fallo es estimatorio o desestimatorio, máxime a la vista de que con la propuesta del CGPJ los efectos no solo se “extenderán” para el supuesto de sentencias estimatorias, sino, también, a las de sentido desestimatorio, que conllevarían el archivo del procedimiento por remisión a la sentencia recaída en el procedimiento testigo.
  5. Habría que introducir alguna mención expresa en la LJCA a los efectos de que la declaración del pleito testigo sea comunicada por el Letrado de la Administración de Justicia a la administración de la que emane el acto impugnado para que la misma venga obligada a suspender la resolución de procedimientos similares de conformidad con la posibilidad reconocida en el artículo 22.1 g) LPAC.
  6. Hay que arbitrar algún sistema de elección de cuáles deben ser los pleitos que se tramiten con carácter preferente (clasificándolos según su dirección letrada, tipología de pretensión, administración demandada …)
  7. Y, por último, pero no por ello menos importante, hay que garantizar que estos pleitos se resuelven en plazos ágiles, pues la respuesta temprana es, al fin y al cabo, la que zanja la controversia y evita el acceso de nuevos recursos.
B.- Sobre la reforma del procedimiento abreviado

El CGPJ propone modificar sustancialmente el procedimiento abreviado para convertirlo en un sucedáneo del procedimiento ordinario. Así, con una clara renuncia al principio de oralidad, se transforma el procedimiento abreviado en un mini ordinario con el ánimo de reducir trámites y tiempos en la resolución de los asuntos. Las diferencias sustanciales entre el procedimiento ordinario y el mini ordinario que propone el CGPJ son dos:
  • Que mientras que el ordinario se inicia con anuncio de recurso y la demanda se formaliza con la entrega del expediente administrativo; en el mini ordinario el procedimiento se iniciará con demanda y sin tener a la vista el expediente administrativo.
  • Que en el ordinario seguirá existiendo tramite de conclusiones, mientras que en el mini ordinario solo las habrá, y orales, en caso de que se celebre vista en alguno de los supuestos tasados al efecto.
La propuesta parte de la realidad de que es el señalamiento de vista lo que lastra la resolución temprana del procedimiento abreviado, sin embargo, si atendemos a la estadística judicial, vemos que a pesar de ese “lastre” lo cierto es que los tiempos de resolución de los procedimientos abreviados siempre han sido más cortos (entre cuatro y cinco meses) que los del procedimiento ordinario:


A priori, con estos datos, no tiene mucho sentido dar el vuelco al procedimiento abreviado que propone el CGPJ, sino que lo más prudente hubiese sido buscar la manera de adelantar esos señalamientos, lo que podría hacerse usando las tardes para celebrar las mismas o profundizando en las videoconferencias previstas en el artículo 229.3 LOPJ.

Dicho esto, lo cierto es que la propuesta es la que es, y si la misma se implanta no va a suponer una reducción de plazos, más bien al contrario. Y ello va a pasar porque, salvo en contadísimas y excepcionales ocasiones, ningún abogado demandante va a prescindir de tener la posibilidad de celebrar vista, pues la misma le otorga unas garantías de las que la propuesta de reforma les priva si la misma no se celebra. De hecho, el fracaso del procedimiento abreviado exprés fue justamente ese, como acertadamente predijo José Ramón Chaves en este artículo. 

No hace falta tener una bola de cristal para aventurar que si la reforma propuesta por el CGPJ se implanta lo que va a suceder es que la gran mayoría de los procedimientos se van a dilatar, pues donde antes había un señalamiento de vista directo tras la interposición de la demanda, ahora habrá que esperar a señalar la misma a que: transcurra el plazo de 20 días para contestar a la demanda; transcurra el plazo de 5 días para formular alegaciones complementarias y/o complemento de pretensiones; y se resuelva por Auto sobre la pertinencia de la prueba. Calculo que, en el mejor de los casos, se dilatarán los abreviados en torno a dos-tres meses más, así que, como no se afine la propuesta por el CGPJ, es probable que los tiempos de respuesta entre el abreviado y el ordinario se igualen o, incluso, que los primeros superen en duración a los segundos.

Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, mi propuesta sería, básicamente, dejar el procedimiento abreviado como está y, a lo sumo, abordar una regulación separada del procedimiento abreviadísimo que pivote sobre los siguientes ejes:
  1. Será el demandante el que, cuando estime que el proceso no precisa de prueba, pida la tramitación, por otrosí digo, por el procedimiento abreviadísimo,
  2. El Juzgado, ante la referida petición, dará traslado de la demanda a la administración para que en el plazo de veinte días la conteste y manifieste si solicita, o no, el recibimiento del pleito de prueba, concretando en tal caso los medios de prueba de los que intentará valerse y los puntos de hecho sobre los que versará la misma. Esto es, elegido por el demandante la tramitación por el procedimiento abreviadísimo, no dependerá de la administración que la contestación a la demanda se haga, o no, de forma escrita. La misma se hará, en todo caso, de forma escrita.
  3. Se garantizará al recurrente que si del expediente administrativo o del escrito de contestación resultan nuevos hechos, podrá, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56.4 y 60.2 LCA, proponer la práctica de prueba para desvirtuar los mismos y, previa la declaración de pertinencia y práctica de éstas y las propuestas por la administración, en su caso, en el escrito de contestación de la demanda, se dará un plazo común de tres días a las partes para alegar lo que estimen conveniente acerca del alcance e importancia de las pruebas practicadas.
  4. Se dotará al Juez de flexibilidad a la hora de acordar la celebración de vista si estimase que la celebración de esta sirviese al buen fin de la resolución de la litis, bien por permitir que en la misma se realicen explicaciones aclaratorias por las partes; bien por permitir la práctica concentrada de las pruebas que se hubiesen admitido conforme a los nuevos hechos alegados.
  5. Se incentivará el uso del referido procedimiento disponiendo una regulación especial en materia de costas. Así, en lugar de regir el principio de vencimiento, para estos procedimientos abreviadísimos, regirá con carácter general la no imposición en costas, salvo que el juez, razonándolo sucintamente, aprecie que una de las partes sostuviere su acción o interpusiere los recursos con mala fe o temeridad, en cuyo caso se le impondrán a la referida parte.
C.- La elevación de la summa gravamanis de los recursos de apelación a 60.000 euros

Es una reivindicación unánime de la doctrina y de la Sala Tercera del Tribunal Supremo la de generalizar la doble instancia en la jurisdicción contenciosa-administrativa, pero el CGPJ, lejos de asumir esa reivindicación, propone, como en el orden jurisdiccional civil y social, elevar la cuantía para dar apelación (o suplicación) frente a las Sentencias de instancia, si bien, con un matiz más que relevante. Y es que, mientras que en el orden civil y en el social se propone que el umbral pase de 3.000,00 a 6.000,00€, en el orden contencioso-administrativo se propone pasar de 30.000,00 a 60.0000€.

El objetivo es claro, reducir la carga de trabajo de las Salas de lo CA de los TSJ y de la AN, pero el precio que pagaremos va a ser muy elevado, tanto desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva como desde el punto de vista de la calidad y uniformidad de la jurisprudencia contenciosa-administrativa. Así, si se aprueba la propuesta, se repetirán aquellos tiempos de pleitos en masa donde en un mismo partido judicial se hacía depender el resultado del pleito de la suerte del reparto. Azar frente a justicia. 

En fin, la propuesta es del todo punto errónea y va a suponer tal grado de incertidumbre e inseguridad que la descongestión que conlleve en las Salas la van a pagar, con creces, los órganos unipersonales, que son, en definitiva, los que asumen gran parte de los recursos contencioso-administrativos.
Por tanto, lo más adecuado es renunciar a esta medida y generalizar la doble instancia en el orden contencioso-administrativo. 

D.- Sobre la modificación del artículo 45.3 LJCA

Tengo la intuición de que esta propuesta tiene una intencionalidad no declarada o, al menos, que la reforma propuesta no está lo suficientemente pensada. Si la subsanación podrá tener lugar en cualquier momento desde el requerimiento y hasta la presentación de la demanda, ¿qué va a pasar con los procedimientos abreviados que se inician con demanda?: ¿Acaso no se va a conferir trámite de subsanación en tal caso? 

Más vale quedarnos como estamos que dejar cadáveres por el camino, pues el cambio propuesto va a ser fuente inagotable de problemas aplicativos. Y de eso andamos sobrados en el orden contencioso-administrativo. 

Eso sí, ya que estamos con el artículo 45 LJCA, lo que realmente redundaría en evitar litigios y enredos procesales innecesarios sería la supresión del apartado 2d) del mismo. La exigencia del acuerdo de interposición de acciones para las personas jurídicas ha sido, es y será, salvo que se suprima, fuente inagotable de problemas innecesarios, así que quitemos de una vez por todas tal exigencia, tal y como se propugna con acierto en este artículo de Ignacio Díez-Picazo. 

E.- ¿Y si la Sala 3ª del TS cumpliese con la obligación impuesta en el artículo 90.7 LJCA?

Pasados ya más de tres años desde la entrada en vigor de la nueva casación contenciosa-administrativa parece que ya ha llegado el momento de ponerse exigente con la Sala Tercera y recordarla su obligación de hacer pública la programación de la resolución de los recursos de casación. 

Como defendí en esta entrada, ello servirá, además de para cumplir el mandato legal, para:
  • Que los órganos judiciales y abogados conozcamos fechas aproximadas de resolución de asuntos, lo que redundará en suspensiones de asuntos idénticos e, incluso, en la no judicialización de asuntos hasta conocer la postura del Tribunal Supremo.
  • Que las administraciones públicas pueden hacer un uso adecuado de la previsión contenida en el artículo 22.1g) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Esa exigencia, además, debería acompañarse con una previsión expresa en la LJCA que permita suspender la tramitación de recursos pendientes ante los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo en asuntos idénticos o similares a los que haya admitido a trámite el Tribunal Supremo en tanto en cuanto sean resueltos por el mismo. Con ello se evitaría, entre otras cuestiones, la sobrecarga que se impone al TS de tramitar y resolver un sinfín de recursos de contenido idéntico o similar, con la consiguiente agilidad en los tiempos de resolución.

lunes, 16 de marzo de 2020

Algunas precisiones sobre el cómputo de plazos suspendidos

El pasado 14 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 67, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La referida norma, en su Disposición adicional Tercera, que está vigente desde el mismo momento de su publicación, acordó como a continuación se transcribe:

¨Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos.

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.

4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.”

La referida Disposición Adicional ya está dando lugar a distintas interpretaciones jurídicas, así como a distintas notas informativas, por lo que en las siguientes líneas intentaré aclarar, en la medida de lo posible, alguna de las cuestiones que ya se han suscitado.

Para afrontar el reto me valdré de algún ejemplo práctico con el ánimo de que las presentes líneas no resulten muy tediosas.

1º.- La interrupción de plazos cuyo cómputo está expresado en días hábiles

Imaginemos que el día 10 de marzo de 2020 se nos notificó en un expediente administrativo una propuesta de resolución que nos emplaza, por diez días hábiles, para formular alegaciones.

El referido plazo, si no se hubiese dictado el RD por el que se declara el Estado de Alarma (y sin tener en cuenta la festividad de San José, que no hay que complicar las cosas) hubiese finalizado el 24 de marzo de 2020. Sin embargo, al haberse interrumpido el cómputo de éste el 14.03.2020, lo cierto es que se han consumido tres de los diez días, quedando por tanto siete días (hábiles) disponibles. Así, cuando se reanude el cómputo, bien por la pérdida de vigencia del Real Decreto, o de sus prórrogas, habrá que volver a reiniciar el cómputo de esos siete días que nos restan.

Así, si el Real Decreto perdiese su vigencia el día 29 de marzo de 2020, el cómputo de esos siete días nos llevaría a concluir que el plazo de siete días que nos restan finaría el 7 de abril de 2020.

2º.- La interrupción de plazos cuyo cómputo está expresado en días naturales

Parto de la base del mismo supuesto anterior. Esto es, que se nos notificó el 10.03.2020 una propuesta de resolución que nos emplaza, por diez días naturales, para formular alegaciones.

El referido plazo, si no se hubiese dictado el RD por el que se declara el Estado de Alarma, hubiese finalizado el 20 de marzo de 2020. Sin embargo, al haberse interrumpido el cómputo de éste el 14.03.2020, lo cierto es que se han consumido cuatro de los diez días, quedando por tanto seis días naturales disponibles.

Por ello, cuando se reanude el cómputo, bien por la pérdida de vigencia del Real Decreto, o de sus prórrogas, habrá que volver a reiniciar el cómputo de esos seis días naturales que nos restan.

Así, si el Real Decreto perdiese su vigencia el día 29 de marzo de 2020, el cómputo de esos seis días naturales nos llevaría a concluir que el plazo finaría el 4 de abril de 2020. El 4 de abril de 2020 es sábado y, por tanto, inhábil, por lo que podremos presentar las alegaciones el 6 de abril de 2020 ex art. 30.5 LPA, que reza como sigue: “Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.”

Por cierto, como los abogados somos muy de discrepar, aquí va un enlace a una STS que deja a las claras que la prórroga al primer día hábil siguiente también se da en aquellos casos en los que el cómputo de plazos es por días naturales.

3º.- La interrupción de plazos que se computan de fecha a fecha

Imaginemos que el 2 de marzo de 2020 nos notificaron una resolución de un Concejal-Delegado de un Ayuntamiento por la que se nos emplaza, por término de un mes, para interponer frente a la misma recurso potestativo de reposición.

El referido plazo, si no se hubiese dictado el RD por el que se declara el Estado de Alarma, hubiese finalizado el 2 de abril de 2020. Sin embargo, al haberse interrumpido el cómputo de éste el 14.03.2020, tenemos que determinar, en primer término, si ese cómputo de fecha a fecha es de días hábiles o inhábiles. Para ello nos vamos a valer de este estupendo artículo del blog “Es de Justicia”, de Diego Gómez.

El blog hace referencia a una Sentencia del Tribunal Supremo, que nos dice, respecto a la naturaleza de los días cuando el cómputo del plazo es de fecha a fecha, que:

En definitiva, los ocho días que restaban del plazo después de alzarse la suspensión deben computarse por días naturales, pues la naturaleza de los plazos, como naturales o hábiles, a efectos de cómputo, no se modifica por la interrupción del mismo para solicitar un informe.

Así lo han señalado, por otra parte, algunas previsiones normativas como la contenida en el artículo 12 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia en el que se dispone "en los casos de suspensión del plazo, el día final del plazo de determinará añadiendo al término del plazo inicial, los días naturales durante los que ha quedado suspendido el plazo". En este caso, el plazo fijado era por días naturales, pues así se computan los plazos de fecha a fecha…

Pues bien, cuando se interrumpió el cómputo del plazo nos restaban 19 días naturales para formalizar el recurso de reposición. Ese cálculo lo he hecho contando los días naturales que hay desde el 15.03.2020 (fecha interrupción) hasta el 02.04.2020 (fecha del vencimiento original del plazo)

Ahora imaginemos que el Real Decreto perdiese su vigencia el día 29 de marzo de 2020. Fecha a partir de la cual debe comenzarse a computar los 19 días naturales que nos restaban para interponer el recurso de reposición, lo que me llevaría a concluir que el plazo finaría el 17 de abril de 2020.

4º.- Más vale prevenir que curar

Lo hasta aquí expuesto es, en apretada síntesis, lo que considero que debería ser la interpretación de los puntos 1º y 2º de la DA Tercera del RD 463/2020, de 14 de marzo.

Ahora bien, que esa sea mi interpretación “doctrinal” no quiere decir que sea mi proceder profesional, pues lo cierto es que mi intención es la de presentar, el día siguiente al que se reanude el cómputo de los plazos, aquellos escritos que, de no haber mediado la suspensión acordada por el Estado de Alarma, hubiesen precluido.

Esto no significa que no me crea lo que acabo de exponer, lo que sucede es que he “sufrido” tanto procedimiento administrativo que tengo como máxima la de evitar problemas, y más, viendo como algunas Administraciones están interpretando la mencionada Disposición Adicional.

jueves, 24 de octubre de 2019

Tweet Largo: La comparecencia de los funcionarios por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios

El artículo 23.3 LJCA reconoce a los funcionarios públicos que en sus actuaciones ante órganos de la jurisdicción contenciosa-administrativa:

«Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.»

Esa posibilidad, como se ve, tiene dos límites, el primero, que el objeto del recurso tenga que ver con sus derechos estatutarios y, el segundo, que el acto administrativo impugnado no implique su separación del servicio.

Las dudas iniciales que surgieron respecto a este precepto se refirieron, en esencia, a si la posibilidad de comparecer por sí mismos era también predicable respecto a los funcionarios interinos. Tanto el Tribunal Supremo, como el Tribunal Constitucional, dieron una temprana respuesta a la cuestión al entender la expresión funcionarios públicos en sentido amplio y, por tanto, considerar que en la referida previsión legal tenían cabida también los funcionarios interinos.

Ahora bien, de un tiempo a esta parte vengo observando que en recursos contenciosos-administrativos en los que se ventilan cuestiones referentes a procesos selectivos hay quien, siendo funcionario interino, quiere hacer valer esa condición para poder comparecer por si mismo en el proceso, esto es, sin abogado y/o procurador. Y ello, como se verá a continuación, no tiene amparo en el artículo 23.3 LJCA, pues en esos procesos no está en liza un derecho estatutario, sino otro bien distinto, el acceso al empleo público.

Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado, entre otros, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en su Sentencia nº 794/2012. En la misma, y más en concreto en su Fundamento de Derecho Segundo, in fine, dispuso:

«No obstante, y aquí es donde debe hacerse una importante precisión del asunto de autos, la norma se refiere a funcionarios públicos "en defensa de sus derechos estatutarios", no teniendo lo aquí discutido relación alguna con el citado estatuto del empleado público. Lo que es objeto del presente recurso es la resolución administrativa que aprueba la lista de aprobados de un proceso selectivo, proceso para el cual no era requisito imprescindible ser funcionario público interino. Es un sistema de acceso a la función pública de carácter abierto. Por tanto, el acto administrativo impugnado se refiere a la adquisición de la condición de funcionario público de carrera y la demandante no está planteando propiamente un asunto referente a su status de funcionario interino, sino a un tema radicalmente distinto respecto del cual, como ya se ha dicho, la condición de funcionario interino es indiferente para tomar parte en el proceso selectivo.

Por lo expuesto, concurre la causa prevista en el art. 69.b) de la LJCA , siendo procedente declarar la inadmisibilidad del recurso prevista en el art. 68.1.a) de la LJCA .»

La referida Sentencia fue recurrida en casación por la funcionaria interina que vio como su recurso fue inadmitido por la Sala de instancia por no comparecer asistida de letrado y procurador. El Supremo, en su Sentencia de 19/03/2014, desestimó el recurso en términos contundentes:

«Hemos de afirmar, en conclusión, que la Sentencia recurrida procedió con incuestionable adecuación a la Ley con una interpretación de la misma impecablemente razonada y razonable.

Lo contrario hubiera supuesto prescindir, pura y simplemente, de una exigencia legal que no admitía duda.

La tesis de que para los funcionarios interinos no es exigible el requisito establecido en el art. 23.1 LJCA , cualquiera que sea el derecho que pretenda obtener en vía contencioso-administrativa, o la de que la impugnación en vía contencioso-administrativa de una resolución dictada en un proceso selectivo en el que participa como cualquier otro aspirante pueda encuadrarse en el marco de sus derechos estatutarios carece de sustento en una interpretación razonable de la ley.

El principio pro actione y el criterio de interpretación más favorable de la Ley en el acceso a la justicia, no justifican que, para eludir la aplicación de normas legales inequívocas, se acuda a la interpretaciones irrazonables de las mismas.»

En resumen, cuidado con hacer un uso inadecuado del artículo 23.3 LJCA. El mismo solo avala comparecer por sí mismo a los funcionarios cuando el objeto de la litis es la defensa de sus derechos estatutarios, pero no para otras cuestiones que nada tengan que ver con esa defensa.

jueves, 5 de septiembre de 2019

Tweet Largo: Costas y silencio administrativo, una propuesta de lege ferenda de Xabier Arzoz

AZRZOZ SANTISTEBAN, X: El silencio administrativo. Análisis constitucional y administrativo, pp. 247-248

<La asignación de las costas procesales puede contribuir a depurar la actuación administrativa irregular. Si a la Administración que incumple su deber se resolver no se le imponen al menos parte de las costas procesales y, en general, no recibe ninguna consecuencia negativa -económica o de otro tipo- por su inactividad, no tiene ningún otro estimulo para cumplir con ese deber. El abuso del silencio administrativo en las solicitudes y reclamaciones frente a las Administraciones públicas contribuye a colapsar la jurisdicción contenciosa-administrativa. El coste de la utilización de la Administración de Justicia (en el que se incluye también como <<no ingreso>> la exención de las tasas judiciales por la impugnación del silencio negativo) repercute a fin de cuentas en la <<caja común>> o presupuesto general de la Administración de Justicia, no afectando directamente a la concreta Administración incumplidora en el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y actuaría como <<desincentivo económico>> individualizado frente al incumplimiento de la obligación de resolver.

En suma, a la luz de las consideraciones anteriores parece necesario que el ordenamiento jurídico considere la impugnación <<a ciegas>> de las desestimaciones preguntas como una circunstancia que justifica la no imposición de costas en los procesos de primera o única instancia y arbitre con ello una compensación para el interesado que ve insatisfecha su legítima pretensión de obtener una resolución expresa, así como de conocer los motivos de una decisión denegatoria, y que, por ello, se ve forzado a acudir a la via jurisdiccional. Así, de lege ferenda, se puede pensar en la imposición de, al menos, una parte de las costas procesales de la parte demandante a la Administración, a pesar de que esta obtenga un fallo favorable, cuando el interesado ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo contra una desestimación presunta después de haber esperado un plazo de tiempo razonable a que la Administración se pronuncie sobre el fondo, como sanción por haber obligado al interesado a promover un recurso con el fin de conocer los motivos de una decisión de fondo que la Administración no ha querido dictar.>