Tweet Largo: Responsabilidad patrimonial e intereses moratorios de la aseguradora de la administración

 

Hace poco comentaba en el blog una Sentencia de la Sala de lo Social del TS con incidencia en las actuaciones de las administraciones públicas en las decisiones extintivas de su personal laboral, así que hoy le toca el turno a una reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del TS, en concreto la Sentencia nº 473/2020, recaída en el recurso de casación e infracción procesal nº 2752/2017.

La misma es relevante por dos motivos, el primero, porque recuerda las distintas opciones procesales con las que contaban los perjudicados al tiempo de reclamar los perjuicios sufridos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y, la segunda, porque resuelve las consecuencias de optar por una de las opciones posibles.

Pero antes de entrar a ello veamos los hechos relevantes a los que se enfrente la Sentencia comentada.

Hechos relevantes

Los padres de un menor demandan a la administración sanitaria catalana por un supuesto de mala praxis médica y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya estima el recurso y declara responsable de mala praxis a la administración sanitaria catalana. La demanda no se dirigió frente a la aseguradora de la administración.

La Sentencia, de 4.12.2013, condenó a la administración a abonar la suma de 250.000 euros, con los intereses legales desde la fecha de la reclamación administrativa (30.02.2007);

La cantidad objeto de condena fue consignada por la aseguradora de la administración el 26.12.2013, percibiendo los demandantes la referida cantidad.

Uno de los progenitores del menor, tras consignarse, y percibir, la suma que le correspondía -25.000€-, interpone demanda en la via civil contra la aseguradora de la administración en reclamación de los intereses del Art. 20 LCS, con relación a dicho principal, computados desde la fecha de la reclamación de responsabilidad patrimonial en via administrativa -30.03.2017-, hasta la fecha en que se consignó -26.12.2013- la suma en pago del principal e intereses objeto de condena en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Catalunya.

En la instancia se estimó la demanda del padre contra la aseguradora, descartándose las excepciones planteadas por la aseguradora -prescripción y la existencia de cuestión prejudicial civil-.

En apelación se revocó la sentencia de instancia por considerar la Audiencia Provincial que: i) no era aplicable la doctrina de la sentencia del TS de 25 de febrero de 2014; ii) que el pago hecho por el deudor solidario extinguía la obligación para todos los deudores solidarios; y iii) que para que se pueda exigir el pago de la demora es requisito previo e imprescindible que se pueda exigir el pago del principal, en este caso la indemnización.

El interés de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo

La Sentencia es de interés, en primer término, porque nos recuerda las opciones con las que contaban los perjudicados al tiempo de reclamar la indemnización correspondiente por el funcionamiento de la administración cuando, además, el riesgo está asegurado. Veamos las tres opciones posibles:

1ª.- Formular reclamación administrativa previa ante la propia Administración para obtener el resarcimiento del daño, en cuyo caso finalizado el expediente administrativo, con reconocimiento de responsabilidad y fijación de la indemnización correspondiente, se producen las consecuencias jurídicas siguientes:

a) fijada la indemnización, la aseguradora o la propia asegurada pueden pagarla y extinguir el crédito;

b) una vez declarada la responsabilidad y establecida la indemnización, si el perjudicado no acude a la vía contenciosa, esos pronunciamientos quedan firmes para la administración;

c) pueden producirse, potencialmente, todos los efectos propios de las obligaciones solidarias, además del pago, ya mencionado;

d)   la indemnización que queda firme en vía administrativa es el límite del derecho de repetición que el art. 76 LCS reconoce a la aseguradora.

2ª.- Los perjudicados, en el caso de que hubieran optado por la vía administrativa, si formulada la preceptiva reclamación previa fuera desestimada, expresamente o por silencio administrativo, o cuando considerasen insuficiente la cantidad ofertada en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos, podrían cuestionar tal resolución ante la jurisdicción contencioso-administrativa de las formas siguientes:

a) Bien, mediante el ejercicio de una acción de condena exclusivamente dirigida contra la Administración, siendo la jurisdicción contencioso-administrativa a la que le compete el conocimiento de las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial dirigidas contra la Administración, según resulta de lo normado en el art. 2 e) Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción (en adelante LJCA).

b) Bien, demandando por dicha vía, conjuntamente con la administración a su aseguradora, como expresamente posibilita el art. 9.4 II de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ), en consonancia con lo cual norma el art. 21 c) de la LJCA, que se consideran legitimadas pasivamente a "las aseguradoras de las Administraciones públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren".

3ª.- Prescindir de la vía administrativa y demandar exclusivamente a la compañía de seguros, en su condición de sociedad mercantil, ante la jurisdicción civil, ejercitando contra ésta la correspondiente acción directa del art. 76 de la LCS ( autos de la Sala de Conflictos, 3/2010, 4/2010, 5/2010 de 22 de marzo y sentencias 574/2007, de 30 de mayo, 62/2011, de 11 de febrero y 321/2019, de 5 de febrero).

Pero cuidado con esta recopilación que hace la Sentencia de la Sala Primera del TS, ya que antes de entrar a ella deja a las claras que no está interpretando la regulación actual de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, que nos viene dada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, por cuanto la misma no estaba en vigor al momento de producirse los hechos objeto de enjuiciamiento.

La segunda cuestión relevante de la Sentencia es la referida a si se puede demandar en la via civil a la aseguradora, en reclamación de los intereses moratorios, cuando en la via contenciosa-administrativa no se dirigió la demanda contra la misma, a pesar de que ello era posible conforme a la regulación de LOPJ y de la LJCA. La respuesta del Supremo es, ateniendo nuevamente al régimen anterior al dispuesto por la Ley 40/2015, que no, y ello por los siguientes motivos:

<…si la parte perjudicada opta por no demandar a la aseguradora en vía contencioso administrativa, marginándola de la misma, cuando podía dirigir también la demanda contra ella conjuntamente con la Administración, no es factible que, discutida y fijada la responsabilidad patrimonial y la cuantía indemnizatoria en dicho orden jurisdiccional, se pretenda posteriormente promover un juicio civil, para obtener exclusivamente la diferencia de los intereses legales percibidos con los establecidos en el art. 20 de la LCS, cuando pudieron y debieron ser reclamados con intervención de la aseguradora en la vía contencioso administrativa (arts. art. 9.4 II de la LOPJ y 21 c) de la LJCA), o con la finalidad de buscar un más propicio tratamiento jurídico en la aplicación del art. 20 de la LCS.

No se vulnera el art. 1140 del CC, pues la compañía de seguros sólo responde si también lo debe hacer la asegurada, y solo en la medida en que lo deba hacer. Otra cosa es que incurra en mora, que consideramos no se produce, en el caso presente, pues elegida la vía contencioso administrativa, sin interpelación de la aseguradora, la compañía quedó pendiente de la resolución dictada en dicha vía jurisdiccional, para fijar, en su caso, la cuestionada responsabilidad de la administración y la cuantía de la misma; y, una vez establecidas éstas, proceder, como así hizo, sin demora, a satisfacer su importe.>

En resumen, una Sentencia de interés pero que nos deja con varios interrogantes sin resolver al no abordar -ya que no era necesario para resolver el recurso de casación- la actual regulación de la responsabilidad patrimonial en la Ley 40/2015. Interrogantes que serían, básicamente:

a) Si, atendiendo a los actuales Artículos 32 y 35 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se seguirán reconociendo las tres opciones con las que contaban, hasta la entrada en vigor de éstos, los perjudicados al tiempo de reclamar la indemnización correspondiente por el funcionamiento de la administración cuando, además, el riesgo está asegurado. Y, más en concreto, si se seguirá reconociendo la posibilidad de prescindir de la vía administrativa y demandar exclusivamente a la compañía de seguros, en su condición de sociedad mercantil, ante la jurisdicción civil;

b) Si, a la luz del Art. 34.3 de la Ley 40/2015, cabrá exigir los intereses del artículo 20 LCS a la aseguradora que incurra en mora cuando sí sea (co)demandada, junto con la administración asegurada, en la via contenciosa-administrativa.

Veremos que nos deparan los futuros pronunciamientos sobre tales cuestiones.